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Nacionales

Empresa de seguridad captó Q5 millones sin fiscalización


El MP continúa las pesquisas contra la firma Seguridad 24, desarticulada recientemente por operar de forma ilegal.

 

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Más de 90 usuarios –entre condominios, comercios, fábricas y una farmacia con sucursales en varios departamentos– contrataron a Seguridad 24 para el resguardo de sus instalaciones, sin advertir que se trata de una compañía ilegal.

Entre las irregularidades que el Ministerio Público (MP) ha localizado al indagar en torno a esa empresa de seguridad privada está que, en dos años, captó no menos de Q5 millones en contratos privados para vigilancia y seguridad de distintos establecimientos.

La operación ilegal de Seguridad 24 –de nombre comercial Continental Security, S.A.– fue revelada por el MP el 13 de marzo pasado, cuando efectuaron más de 300 allanamientos en busca de 900 armas de fuego registradas ante la Dirección General de Armas y Municiones (Digecam) a nombre de Edgar Saúl Hernández Reyes, ya fallecido.

María Teresa Soto González fue detenida sindicada de falsificar la firma de su esposo (Hernández Reyes), para tomar el control de su empresa de seguridad privada. El propietario de Seguridad 24 murió de forma violenta el 26 de octubre de 2009, en condiciones que no han sido esclarecidas por el MP.

PESQUISAS

La investigación contra la empresa se inició a partir de una denuncia que Seguridad 24 presentó en contra de un guardia, por hurto del arma que se le había asignado para sus labores. La Unidad Contra el Tráfico de Armas (UCTA) determinó que con la denuncia, la compañía buscaba evadir la responsabilidad de pagarle las prestaciones al trabajador.

Entre 600 y 700 guardias formaban parte de Seguridad 24, de acuerdo con su expediente en la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), que fue secuestrado por el MP durante los allanamientos efectuados hace dos semanas.

El dato antes era impreciso, puesto que la Digessp había enviado al MP información incompleta, según investigadores de la UCTA.

Ayer, elPeriódico buscó comunicarse con el director de la Digessp, Jorge Vela, pero no respondió las llamadas al despacho ni a su celular.

El Ministerio Público ejecutó más de 300 allanamientos para desarticular a la empresa que operaba clandestinamente.

RESISTENCIA A LA FISCALIZACIÓN

Durante las diligencias de investigación, también se detectó que Seguridad 24 no pudo ser fiscalizada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Cuando los auditores requirieron los libros contables, el representante legal de la compañía señaló que el material había sido robado.

Todas esas anomalías ocurrían mientras unos 700 hombres armados –ahora desempleados– custodiaban negocios públicos.

SIN CUMPLIR

La semana pasada, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) presentó un estudio sobre el sistema de seguridad y justicia, que concluye, entre otros, que la Digessp “es débil en el tema de control y fiscalización de la prestación de servicios de seguridad privada”. “No está cumpliendo con su papel regulador”, afirmó el investigador Francisco Quezada.

En 2010 se implementó una nueva normativa para las empresas de seguridad, que antes eran autorizadas mediante acuerdos gubernativos o ministeriales. Esas firmas deben adecuarse al nuevo modelo, que, entre otros, establece controles de inventario de las armas y programas de capacitación para los agentes.

APLAZAN AUDIENCIA

A petición de la defensa, el juzgado programó para el próximo 3 de abril la audiencia de primera declaración de los ocho detenidos. El MP les imputará los delitos de asociación ilícita, prestación ilegal de servicios de seguridad privada, falsedad ideológica y uso de documentos falsificados.

 

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Empresas de seguridad privada operaban ilegalmente en 2018, según el CIEN.

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