La dinámica del Congreso y su agenda están influenciadas por redes político-económicas ilícitas que buscan favorecer a ciertos sectores y mantener la impunidad en el país, señala un informe presentado ayer por la Fundación Myrna Mack y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El estudio señala que a pesar de la exigencia ciudadana de un cambio en la política nacional, tras los casos de corrupción revelados en 2015, las elecciones pasadas tuvieron un 52.5 por ciento de reelección parlamentaria que permitió a dichos grupos perpetuarse en el poder.

El documento detalla que se puede identificar a un grupo de 56 legisladores que integran las bancadas FCN-Nación, Todos, Alianza Ciudadana, PAN y Unionista y se han unido para mantener el statu quo en el Legislativo y que tiene como actores claves al presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, a Estuardo Galdámez, Javier Hernández y Felipe Alejos, entre otros.

El informe también identifica a un círculo secundario con integrantes de Creo, Encuentro por Guatemala, Fuerza, Movimiento Reformador, UNE, URNG, Viva, WINAQ e independientes, cuya preocupación primordial es modificar la tipificación y la penalización del delito de financiamiento electoral ilícito.