La esencia del portal de Guatecompras es transparentar las compras que realiza el Estado,  pero las modificaciones al sitio web restringen el acceso a información importante para que periodistas, entidades fiscalizadoras y los ciudadanos puedan conocer datos acerca de las empresas favorecidas con contratos públicos.

Los cambios más notorios son la eliminación del domicilio fiscal de la empresa, teléfono, fecha de constitución y el nombre del abogado que constituye la sociedad anónima. En la versión anterior del portal, estos datos eran públicos y figuraban debajo del nombre de la empresa individual o sociedad anónima. Tras las actualizaciones el motor de búsqueda es menos eficiente y localizar el nombre de una persona individual o jurídica puede demorar más tiempo.

Datos como el domicilio o teléfono han sido importantes para descubrir redes fraudulentas o contratos ficticios realizados con empresas de cartón. Entre los casos más recientes se encuentra Maariv S.A. que, según los reportes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en 2015 financió la campaña de Sandra Torres con Q2 millones 62 mil.

La UNE reportó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE)  el aporte de esta empresa. Sin embargo, elPeriódico pudo establecer que la dirección registrada por la empresa en Guatecompras en realidad correspondía a una vivienda abandonada. Según el guardia a cargo del inmueble, ahí no operaba tal compañía. Maariv S.A. es uno de los elementos centrales en la acusación realizada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para solicitar el retiro de inmunidad de la candidata presidencial.

Contradice esencia

Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana, considera que estos cambios contradicen la esencia de Guatecompras. “Resulta preocupante, son pocas las herramientas que el gobierno facilita para hacer transparencia, esto solo beneficia la cultura de corrupción” aseguró.

Si bien esta información también está disponible en el Registro Mercantil, acceder a ella tiene costos, los cuales se incrementaron el año pasado. Por ejemplo, si se desea conocer quiénes han sido los representantes y administradores de una empresa –un dato útil para conocer si la empresa se vinculó originalmente a un funcionario– ahora se debe pagar Q50 por la primera hoja y Q2 por cada representante en las siguientes páginas. Antes estas consultas tenían un costo de Q2 por representante.

Cux agrega que en otros países estos datos son públicos y de acceso en línea abierto “En Inglaterra puedes verificar incluso el capital aportado cuando se creó una empresa” comentó. Un ejemplo más cercano es El Salvador, donde el Centro Nacional de Registros, entidad a cargo de inscribir las empresas, tiene a disposición computadoras para hacer estas consultas y sin ningún costo.

Carlos Mendoza, analista de Diálogos, considera preocupante estos cambios. “Es necesario investigar si la Dirección General de Adquisiciones del Estado (entidad del Ministerio de Finanzas a cargo de Guatecompras) recibió algún tipo de presiones de parte de los diputados u otros funcionarios para ocultar esta información”, opinó.

Cambios alteran búsquedas
El Ministerio de Finanzas aseguró que trabajan en la implementación del Registro de Adquisiciones del Estado y que durante la transición se ha generado una combinación de lenguajes informáticos al mezclar la arquitectura del software y las plataformas de los exploradores, lo cual ha provocado que en algunas búsquedas no se despliegue la información.

También agregó que luego de la consulta de ‘elPeriódico’ se inició la verificación de los motores de búsqueda para que se actualicen y asegurar el despliegue de la información regular.