San José, 13 de marzo de 2019.- A 36 horas de la audiencia celebrada por el caso Molina Theissen vs Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución en la que ordena al Estado frenar la discusión actual que pretende reformar la Ley de Reconciliación Nacional (LRN). La reforma legislativa está prevista para su tercer debate hoy a las 14 horas.

La Corte IDH considera que “esta ley tendría un impacto negativo e irreparable en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas”. En otro punto, agrega: “La aprobación de dicha iniciativa del ley constituría un desacato a lo ordenado por esta Corte a Guatemala, respectpo a la imposibildiad de aplicar amistías en la investigación, juzgamiento y sanción debido a que la amnistía que contempla no distingue entre delitos, sino que está dirigida a asegurar la impunidad incluso para las graves volaciones de detechos humanos”.

La decisión emitida por el alto tribunal interamericano retoma lo expuesto en el marco de la supervisión de la sentencia por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, de entonces 14 años, a manos del Ejército en 1981.

“Esta resolución es histórica, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga al Congreso guatemalteco a desistir en la aprobación de esta reforma legislativa. Tal y como hemos señalado en otras ocasiones, esta aprobación no sólo es un grave retroceso en la construcción de la memoria histórica, sino que representa un grave retroceso y un golpe directo para quienes han impulsado la lucha por la justicia durante años”, expresó Claudia Paz y Paz, directora de CEJIL para Centroamérica y México y agregó: “Esta iniciativa tiene graves consecuencias para el Estado de Derecho y la democracia en el país”.

Asimismo, la familia Molina Theissen se mostró satisfecha con lo resuelto por la Corte IDH, que confirma y acoge sus demandas y la urgencia de que el Congreso de Guatemala desista de la discusión de reformar la LRN para decretar una amnistía general.

“Es un mensaje contundente que fortalece la posición de quienes han empujado procesos como el que encabezamos con nuestra familia, después de 37 años de ocurridos los hechos, y confirma que nadie está por encima de la ley y que las decisiones judiciales que derivan de las resoluciones interamericanas deben ser acatadas sin restricción alguna”, señaló Lucrecia Molina Theissen y añadió: “De aprobarse esta reforma ilegal, trae consigo el retroceso de los escasos avances obtenidos en los casos que, gracias al esfuerzo de las víctimas de violaciones de derechos humanos, como en nuestro caso, han resultado en la condena de criminales de guerra”.

El caso tuvo una sentencia interamericana en 2004, en donde se determinó la responsabilidad estatal. Entre otras medidas, la Corte IDH ordenó al Estado a eliminar cualquier obstáculo que dificultara la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de los hechos.

CEJIL, en conjunto con el resto de organizaciones que acompañan los casos con sentencia ante la Corte IDH, presentaron hoy la resolución del alto tribunal interamericano ante el Congreso guatemalteco.

Revisa la carta enviada al Congreso de la República:

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