La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) hizo ayer un llamado a los diputados del Congreso a consensuar una agenda legislativa que priorice la aprobación de la Ley General de Infraestructura Vial, la cual ya cuenta con dictamen favorable de las comisiones de Economía y Comunicaciones.

El ingeniero Carlos Colom describió esta propuesta como una “quimioterapia agresiva” para terminar con la situación en la que se encuentran las carreteras del país, y agregó que por cada kilómetro que se logre construir, se crearán 30 nuevo empleos. La meta es que se creen 40 mil kilómetros nuevos de infraestructura vial en los próximos 20 años, ya que este tipo de acciones son el punto de lanza del desarrollo del país, indicó.

Esta Ley crea una Superintendencia de Infraestructura Vial (Sivial), que se encargará de otorgar contratos a las empresas desarrolladoras de carreteras. Esto no significa que se eliminará el Ministerio de Comunicaciones, esa cartera permanecerá y continuará como rectora de la política de movilidad. Por otra parte, la propuesta sí plantea desaparecer la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y designar a la Dirección General de Caminos como una dependencia que se encargue de atender las carreteras en casos de emergencias.

El apoyo del Congreso

Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fue uno de los panelistas en el foro organizado por Fundesa. El congresista explicó que esta iniciativa de ley debería ser aprobada este año y que el Congreso debe enfocarse en una agenda para el desarrollo y no colocar en la discusión plenaria temas de polarización.

Barreda dijo que esta propuesta contribuiría a eliminar la corrupción en los contratos de construcción de carreteras, ya que la Sivial sería un ente técnico, sin intervenciones políticas.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones, Luis Contreras, dijo estar de acuerdo con la iniciativa, pero considera que se debe revisar más cómo se supervisará a las empresas desarrolladoras de carreteras. Agregó que se debe establecer un delegado residente de la obra, quien debe controlar desde el primero hasta el último día la calidad de la construcción.

Otros puntos de la Ley

> Las empresas desarrolladoras de carreteras podrán cobrar peaje, siempre y cuando exista una vía alterna.

> La construcción de carreteras secundarias, que son las que atraviesan las fronteras municipales, estarán a cargo de las comunas.

> El Superintendente de Infraestructura Vial estará en el cargo durante seis años, con derecho a un nuevo periodo de prórroga.