InSight Crime, el medio especializado en crimen organizado, detalla que el socio de Marllory Chacón –conocida como “La Reina del Sur”– Hayron Borrayo y su esposa Mirza Hernández, delataron a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti ante las autoridades estadounidenses antidrogas.

“Borrayo y su esposa, sin duda indignados por su palpitante idiotez, se han convertido desde entonces en colaboradores. Se dice que su cooperación ayudó a Estados Unidos a procesar a Baldetti, quien está siendo juzgada en Guatemala por cargos de corrupción. (Mauricio) López Bonilla también fue acusado en los Estados Unidos”, se lee en otra parte de los análisis del sitio web refiriéndose al exministro patriota de Gobernación.

Mirza Hernández jugó un papel muy importante en el Ejecutivo, según InSight Crime, debido a que “estuvo cerca de los poderes políticos, especialmente Roxana Baldetti, que fue congresista y luego vicepresidenta”.

Mientras, su esposo Hayron Borrayo está señalado de ser el “principal proveedor de drogas a través de Colombia para Los Zetas”. Asimismo, el portal de periodismo especializado en crimen organizado advierte que este hombre tenía una debilidad por Chacón, lo que generó su caída (captura) en Francia en el 2014.

“Pero Borrayo tenía las rodillas débiles para la Reina del Sur, y cuando ella lo invitó a disfrutar de una cita romántica en París, se subió en México en un avión y luego a Francia, donde las autoridades francesas estaban esperando. Más tarde fue enviado a los Estados Unidos”, indica el estudio.

Borrayo fue condenado a ocho años de cárcel en 2015, su colaboración está sellada y no se puede saber en qué colaboró con las autoridades estadounidenses. En tanto, Chacón podría salir de prisión muy pronto: “ha cumplido 53 meses. Con la reducción del 15 por ciento de lo que ahora es una sentencia de 60 meses, podría ser liberada en los próximos días”, indica el sitio electrónico.

“Ella tiene toda su vida por delante ahora”, dijo Jack Denaro, uno de los abogados de Chacón, a InSight Crime.

Regalos y dinero

En junio de 2017, la ex vicemandataria aceptó de forma voluntaria ante el Tribunal Quinto Penal la solicitud de extradición que reclama la Corte del Distrito Sur de Columbia, Estados Unidos, por supuestos nexos con el cártel de Los Zetas.

La tesis señala que el informante conocido como “Testigo 1” reveló que ella aceptó obsequios y el dinero durante su campaña electoral de 2015, a cambio de utilizar su influencia como vicepresidenta para que los narcotraficantes mexicanos establecieran sus operaciones en el país.

La acusación estadounidense detalla también que durante los comicios del año siguiente, Los Zetas proveyeron de seguridad –guardespaldas– a la entonces candidata durante sus visitas a Huehuetenango.

Clic aquí para leer la nota de InSight Crime