Desde 2018, la seguridad del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) está a cargo de una de las empresas del coronel retirado y excandidato a la presidencia por el partido Corazón Nueva Nación (CNN), Otto René Bernal Ovando. El militar se encuentra en prisión preventiva por el desvío de Q17 millones 700 mil que asignaron para la protección de las paradas del Transurbano, sin embargo, se invirtieron en la compra de 15 inmuebles y un helicóptero, según reveló la investigación del caso Seguridad y Transporte que hizo el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La empresa, Investigaciones y Seguridad Profesional S.A., fue beneficiada en 2018 con un contrato de Q3 millones 897 mil 600 en el IDPP. El representante legal es Juan Miguel Bernal Ramos, también señalado por el MP y la CICIG en el mismo caso de fraude en el que se encuentra involucrado Bernal Ovando, quien es el propietario de la empresa de seguridad, según establece la escritura constituida en 2009.

Investigaciones y Seguridad Profesional fue la tercera empresa con la oferta más baja, de cinco empresas que participaron. En el contrato consta que 28 agentes de seguridad resguardarán las 24 horas las oficinas del IDPP, cuyo servicio por persona tendrá un costo de Q5 mil 800 y el convenio finalizará en agosto de 2020. El portal de Guatecompras registra que desde 2011 esta empresa ha sido beneficiada con Q15 millones 602 mil 328.57.

LA LEY

El director de la división financiera del IDPP, Héctor Marroquín, indicó que para hacer esta contratación se basaron en los procesos de licitación establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y negó que haya habido un objetivo específico para beneficiar a la empresa de Bernal Ovando.

“Mi labor fue puramente técnica y se cumplió con la Ley de Contrataciones. Verificamos la experiencia de la empresa y que fue fundada en 2009. Fue un evento donde cinco empresas participaron y no hubo ninguna inconformidad”, detalló Marroquín.

El artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado sólo prohíbe a las instituciones públicas contratar a entidades cuyos representantes legales, directivos o gerentes hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la administración pública.

El economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Barrientos, dijo que en las reformas que se hicieron a esta ley se dejó establecido de esa manera por el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, Barrientos consideró que las instituciones públicas deben tomar criterios de “idoneidad” al momento de desarrollar las bases de contratación de un servicio, esto con el objetivo de garantizar la buena utilización de los recursos públicos.

El fraude

Otto René Bernal Ovando participó como candidato a la presidencia en 2015 con el partido CNN, el cual era considerado una organización satélite del partido Lider. Actualmente ambas agrupaciones se encuentran canceladas por el TSE por financiamiento electoral ilícito.

Bernal Ovando también era parte del consejo de la empresa Protección Metropolitana S.A, compañía contratada para prestar servicios de seguridad para el Transurbano por parte de la Asociación Empresarios Autobuses Urbanos. Esa empresa recibió la adjudicación de Q64 millones en 2010 y Q88 millones en 2011, de los cuales se desviaron Q17.6 millones para la compra de 15 inmuebles y un helicóptero.