Los fiscales del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) solicitaron ayer al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pago de la deuda política por los votos que obtuvo Jimmy Morales para ganar la Presidencia en 2015. Al partido oficialista le corresponden Q16.8 millones; sin embargo, el Departamento de Auditoría del tribunal señala que la organización incumple con el mínimo de comités municipales y departamentales vigentes, por lo que no se puede autorizar el desembolso.

José David Prado, fiscal del FCN-Nación, reprochó ayer a los magistrados del TSE que, para autorizar el pago de la deuda, la Auditoría les exige “documentos que no están en ley” al pedirles un comprobante de que todos los órganos del partido están integrados. Aseguró, además, que el Registro de Ciudadanos (RC) les extendió una constancia de que el partido se encuentra vigente.

No obstante, el auditor del TSE, Virgilio Alonzo, señaló que antes de avalar el pago de las cuotas los partidos deben contar con el mínimo de representación partidaria en 50 municipios y 12 departamentos. Aunque no precisó una cifra, dijo que la organización oficialista tiene “varios comités vencidos”; además indicó que el FCN-Nación ha presentado comprobantes desactualizados y que, al verificar los órganos, estos figuran desintegrados.

Al respecto, Prado dijo: “a veces algunos (integrantes del partido) renuncian y un comité ejecutivo está compuesto por nueve a 13 titulares. A nosotros nos han renunciado algunos Con uno que renuncie, se desintegra. Por una persona se están perdiendo los Q16 millones”.

PÉRDIDA DE FONDOS

A criterio del politólogo, Renzo Rosal, si el FCN-Nación es cancelado el próximo año sin antes solventar los inconvenientes que le señala el Departamento de Auditoría del TSE, perderá el financiamiento público.

El Estado debe pagar el equivalente en quetzales a US$2 por cada sufragio una vez equivalgan al cinco por ciento del total de votos válidos, según la LEPP.

AL BORDE DE CANCELACIÓN

Después de que Jimmy Morales ganó la Presidencia el FCN-Nación ha incumplido con la representación mínima que le exige la Ley Electoral, pero el TSE no lo sancionó y le permitió realizar asambleas. El tribunal inició un proceso de cancelación contra el partido por supuestamente haber ocultado financiamiento electoral; sin embargo, dos amparos otorgados por salas de lo Contencioso Administrativo detuvieron a última hora la cancelación.

“Si la organización no cumple con eso, ese dinero no tiene sentido”.

Renzo Rosal, politólogo.