La jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, dio a conocer que la Fiscalía de Delitos Administrativos inició un proceso de investigación sobre el pago de Q20 millones a trabajadores del Congreso durante la gestión del año pasado. La versión fue confirmada por el jefe de esa unidad, Melvin Medina, quien agregó el expediente que será analizado y valorado para determinar a qué fiscal se le asigna el caso.

A principios de mes, el vespertino La Hora publicó una nota en la que denuncia que la Junta Directiva del Congreso del año pasado pagó una indemnización millonaria a 20 trabajadores que renunciaron a ese organismo. De acuerdo a los documentos presentados por el medio, existieron casos en que las compensaciones alcanzaron los Q2 millones.

“Ahorita entra a una área de análisis”, explicó Medina, en tanto que un exintegrante de la Junta Directiva 2018-2019 indicó que para pagarles a dichas personas se recibieron dictámenes favorables de Recursos Humanos, Jurídico e incluso se preguntó al Ministerio de Trabajo y todos avalaron la indemnización, explicó.

IRREGULARIDADES

La Constitución en su Artículo 110 detalla que si un trabajador del Estado es despedido sin causa justificada, recibirá indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicios continuos prestados, derecho que no excederá de diez meses de salario, sin embargo, la norma constitucional no determina casos como renuncias.

Pese a ese artículo constitucional, el Legislativo pagó a sus trabajadores montos mayores a los diez meses laborales, algunos montos superaron los Q2 millones.

El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Organismo Legislativo establece en su Artículo 22 que en el caso de “renuncia”, la indemnización es equivalente a un mes de salario por cada año de servicio continuo. “El importe debe calcularse conforme al promedio de los sueldos devengados durante los últimos seis meses anteriores a la cesación de la relación de trabajo”, se especifica.

Otra posible irregularidad es que la Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo –aprobada con sus reformas en 2016– establece en su Artículo 87, inciso c, que ningún trabajador de este ente del Estado podrá devengar una remuneración superior a la que reciben los diputados del Congreso, la cual es de Q29 mil 150 mensuales, que incluye salario base y dietas.

Pronunciamiento

El Congreso de la República emitió un comunicado en el que describe que, el año pasado, 26 trabajadores de este organismo presentaron su renuncia irrevocable y, después de hacer un análisis financiero, se autorizó el pago de las indemnizaciones.

“En materia laboral en Derecho siempre se utiliza de manera tutelar, el beneficio del empleado… el Pacto Colectivo de Condiciones de Labores se encuentra vigente, según lo resuelto por la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, el contenido de este no contraviene la Constitución”, señala el Congreso en su comunicado.

Ese organismo añade que, producto de la renuncia de estas personas, la nómina anual disminuyó Q8 millones.

Q21.4

millones es el pago de indemnización aprobado por la Junta Directiva del Congreso el año pasado.