La Procuraduría General de la Nación (PGN) no extenderá ninguna opinión sobre la comercializadora Pahame, S.A. que quiere seguir operando en la Portuaria Santo Tomás de Castilla.

La empresa solicitó a la PGN, el pasado 5 de febrero, hacer una nueva revisión y análisis del dictamen que concluyó con la lesividad del contrato en noviembre de 2017, cuando Anabella Morfín era la titular de la PGN.

Esta sugerencia se la hicieron los representantes de Pahame durante una reunión en Casa Presidencial, la cual fue requerida por los empresarios.

Sobre esta solicitud, el actual procurador Jorge Luis Donado indicó a elPeriódico que el proceso de lesividad de la comercializadora continúa en los juzgados de lo contencioso administrativo.

elPeriódico reportó hace una semana sobre el objetivo principal de esta reunión, el cual era solicitar a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) el Depósito Aduanero Temporal (DAT) autorización que le permitiría operar a Pahame, pese a tener un proceso de lesividad en los juzgados.

Sin embargo, se conoce que el titular de la SAT, Abel Cruz, no está decidido a emitir este permiso. El argumento de la SAT es que las bases de tiempo del contrato que firmó la comercializadora no coinciden con las establecidas en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Según Donado, la SAT no les ha hecho ningún requerimiento de análisis jurídico de este caso.

“EL CANCHÓN”

En febrero de 2015, la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac) le otorgó a Pahame 21 mil metros cuadrados para que instalara plataformas flotantes y removibles para la importación y exportación de productos a granel. Sin embargo, en el contrato suscrito no se utilizó la figura jurídica correcta, además que no se hicieron los trámites correspondientes para utilizar esos bienes del Estado.

Pero las irregularidades del contrato con Pahame, S.A. no son solo administrativas. Esta empresa portuaria es propiedad de Jurg Widmer Probst, conocido en ese sector empresarial como el Rey de los Puertos.

Según la declaración de anticipo de prueba del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, el empresario portuario identificado como Canchón en los registros de coimas, dio US$4 millones en sobornos al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, para que firmaran el contrato que permitió, por dos años, que esta comercializadora utilizara el espacio marítimo y terrestre de la Empornac sin firmar una concesión o usufructo.

Probst se encuentra prófugo y está señalado en el caso Cooptación del Estado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ya que se documentó el pago de millones de quetzales en sobornos a la estructura encabezada por el exbinomio presidencial a cambio de mantener los negocios, además de recibir nuevos proyectos en los puertos del país.

EN LA EPQ

En febrero de 2018, Jurg Probst también intentó volver. Esa vez fue con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), para lo cual envió una carta al gerente de la Portuaria solicitando la renovación del contrato para la prestación de servicios con grúas móviles y multipropósitos marca Liebherr. La EPQ respondió que no estaban interesados en renovar la contratación, tras una revisión de las condiciones del negocio.

21 mil

Metros cuadrados el espacio concedido por la portuaria a Pahame.