Aunque Estados Unidos reafirma su compromiso de apoyar a las instituciones y al pueblo de Guatemala en su lucha contra la corrupción e impunidad, el vocero adjunto de Departamento de Estado, Robert Palladino, ha alertado este jueves la preocupación prevaleciente en Washington por la iniciativa de ley que contiene modificaciones sustanciales a la Ley de Reconciliación Nacional.

“La enmienda otorgaría una extensa amnistía para los responsables de serias violaciones y abusos de derechos humanos, así como para criminales convictos”, indica el funcionario en un comunicado de prensa circulado en redes digitales con el pronunciamiento de fondo al respecto de este tema –motivado porque el Congreso guatemalteco pretende aprobarla–.

Puntualiza que “los juicios realizados en Guatemala por crímenes relacionados con violaciones y abusos de derechos humanos han restaurado la dignidad de las familia sobrevivientes de las víctimas, han inspirado mayor confianza en las instituciones del Estado y han servido como ejemplo positivo para otras naciones que buscan abordar un legado de conflicto”.

Lo divulgado ayer

Víctimas de guerra interna buscan impedir promulgación de amnistía para delitos de lesa humanidad

Plantean acción de inconstitucionalidad 36 mujeres indígenas de la etnia maya-achí que temen por su vida porque han sido amenazadas de muerte.

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AFP

Guatemala – Indígenas guatemaltecas víctimas de violación sexual durante la guerra civil (1960-1996) presentaron este miércoles un amparo en la corte constitucional contra un proyecto de ley en el Congreso que busca conceder una amnistía por delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto.

“Se ha decidido presentar una acción constitucional de amparo en contra del Congreso de la República para que detenga el procedimiento legislativo que pretende aprobar estas reformas”, dijo a periodistas la abogada Lucía Xiloj.

La jurista señaló que representa a 36 mujeres indígenas de la etnia maya-achí, quienes mantienen desde el año pasado un proceso penal contra seis ex paramilitares señalados de delitos de lesa humanidad por violencia sexual, cometidos en el municipio norteño de Rabinal a principios de la década de 1980.

La propuesta de ley, que superó en enero su primera lectura, busca reformar la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada tras el fin del conflicto. El proyecto implica derogar varios artículos, entre ellos uno que dejó fuera de la amnistía para insurgentes y militares los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada.

El avance del plan ha provocado una ola de rechazo de organizaciones locales e internacionales, que consideran que genera impunidad, mientras que los diputados que la impulsan y sectores derechistas afines a los militares señalan que se trata de una iniciativa que busca promover la reconciliación.

Xiloj señaló que las víctimas que acompaña temen por su seguridad porque familiares de los paramilitares involucrados, detenidos en mayo de 2018, las han “amenazado de muerte” y que el acoso ha crecido tras la discusión de dicho proyecto.

“Esta situación ha aumentado a partir de que se ha tenido noticias que las personas podrían salir de prisión y finalizar con una ley toda la lucha que ellas (víctimas) han venido buscando por más de 30 años”, indicó.

De aprobarse las reformas, la ley obligaría al sobreseimiento y liberación de quienes cumplan condena o estén siendo procesadas por delitos de lesa humanidad, en su mayoría miembros de las fuerzas armadas.

La guerra civil guatemalteca, que dejó 200 mil muertos y desaparecidos, concluyó en 1999 con una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU. La mayor parte de las atrocidades fueron atribuidas a las fuerzas del Estado.

Chairman @RepEliotEngel: @StateDept & Congress join @CIDH in rejecting #Guatemala amnesty law which would be a major step backward. I urge #Guatemala Congress to be on the right side of history. https://t.co/AQTSCt1H8c

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) February 14, 2019