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Nacionales

Índice ubica 48 municipios con alta inseguridad


La ciudad de Guatemala tiene la incidencia criminal y factores de riesgo más elevados, según el estudio.

 

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Cuarenta y ocho municipios figuran en el Índice de Priorización Municipal (IPM), el cual permite identificar áreas prioritarias para implementar intervenciones de prevención y control de la inseguridad ciudadana.

El IPM fue elaborado como parte del proyecto Infosegura, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID).

El índice define territorios que concentran las amenazas a la seguridad ciudadana y se enmarca en la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito para activar acciones interinstitucionales e intersectoriales, con enfoque local.

El viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Axel Romero, refirió que el ranquin ayuda a identificar mediante el cruce de variables sociales y de criminalidad cuáles son los municipios que deben ser priorizados en materia de seguridad.

UN DIAGNÓSTICO

Para obtener el IPM se clasificaron los indicadores por medio de delitos que amenazan la seguridad, entre estos, están homicidios, violaciones, extorsiones y robos. Luego se relacionaron con factores de riesgos como armas incautadas, población no indígena, privados de libertad, embarazos en adolescentes y deserción escolar en secundaria.

En el IPM, 13 municipios tienen mayor concentración de inseguridad ciudadana y siete se ubican en el departamento de Guatemala: Ciudad de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Amatitlán, Villa Canales, San Miguel Petapa y Santa Catarina Pinula. La capital ocupa el primer lugar en todos los indicadores.

Además, como parte del ranquin aparecen cinco puntos prioritarios para la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito (Escuintla, Cobán, Villa Canales, Chimaltenango y Chinautla), los primeros cuatro con nivel muy alto de inseguridad. Además, entre estos están los 30 municipios priorizados por el Programa de Gobierno.

ACCIONES

Romero refirió que en la actualidad ya se trabaja con 272 municipios, los cuales tienen comisión de prevención de la violencia, y están trabajando sus propias políticas municipales de prevención. “Tenemos 124 políticas municipales aprobadas por concejo municipal”, agregó. Por ejemplo, en Palín, Escuintla se cuenta con el programa Escuelas Seguras.

El analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), Lizardo Acuña, comentó que Infosegura ha trabajado estudios de datos para canalizar las estadísticas y las diferentes variables de la manifestación de la violencia en el país y la región donde tiene presencia.

Acuña resaltó que es necesario que las políticas se desarrollen unificadas entre los sectores, locales, gobierno, cooperación internacional, academia y sociedad civil, para resolver la violencia que provoca el crimen organizado. Uno de los temas a tratar es cómo lidiar con los incentivos económicos que los grupos criminales, como los narcotraficantes, ofrecen a los jóvenes.

Para Walter Menchú, consultor del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la estrategia nacional de prevención de la violencia y el delito está mal diseñada, porque es muy amplia. Además, señala Menchú, la estrategia aborda el tema de prevención comunitaria desde un enfoque diseñado para reducir la conflictividad.

“Hemos recalcado que en donde se podrían lograr los mejores resultados es en el segundo nivel de la prevención, que es aquel lugar en donde los jóvenes están en riesgo”, dijo.

SEGÚN POBLACIÓN

También se analizó a los municipios con mayor inseguridad a la esperada, respecto a su nivel poblacional. Se determinó que hay mayor concentración en todo el corredor desde Izabal a Escuintla. Con menor inseguridad se ubican los municipios en las regiones Norte y Noroccidental, departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, de mayor población indígena, con algunas excepciones como Huehuetenango, cabecera y La Democracia.

“Visibiliza las vulnerabilidades que hacen propicia la comisión de delitos desde su causalidad e identifica la problemática asociada al delito”.

Axel Romero, viceministro de Gobernación.

 

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