El Juzgado “B” de Mayor Riesgo desarrolló este lunes la audiencia para resolver si Gustavo Adolfo Martínez Luna, ex secretario general de la Presidencia y yerno del exmandatario Otto Fernando Pérez Molina, deberá ir a juicio oral y público por el delito de cohecho pasivo  en el expediente por corrupción –a través de sobornos– en la aprobación ejecutiva del entonces millonario proyecto Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

La novedad fue Astrid Escobedo, delegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quien ha comparecido por videoconferencia ante el juez instructor Miguel Ángel Gálvez Aguilar y las otras partes procesales.

Se tenía programado dar cumplimiento a la resolución dictada el viernes pasado por la Sala Segunda de Apelaciones que ordenó que el exfuncionario uneísta enfrente juicio por el delito de cohecho pasivo, pero hubo de suspenderse debido a una excusa presentada por el abogado del propio Martínez Luna.

Desde que en enero el gobierno anunció que daba por terminado unilateralmente  el acuerdo que en 2006 creó la misión antimafias impulsada por Naciones Unidas, el personal de la CICIG tuvo que retirarse del país como medida de contingencia, pero ha presentado excusas para ausentarse de audiencias judiciales.

Algunas diligencias fueron reprogramadas, aunque en el debate Botín Registro de la Propiedad contra un hijo (José Manuel) y un hermano (Samuel Everardo) del presidente Jimmy Morales y 23 personas sindicadas, los jueces resolvieron que la instancia internacional  no podía continuar como querellante.

Además, luego de que la disposición del Ejecutivo respecto de la CICIG quedó suspendida por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC), la institución de apoyo al Ministerio Público (MP) informó que se encuentra llevando un proceso progresivo de reintegración de su personal a las actividades cotidianas.