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Nacionales

Brownfield: Estado de Derecho en Guatemala está siendo desmantelado sistemáticamente


El empresario Peter Lamport y la exmagistrada Claudia Escobar señalaron que el presidente Jimmy Morales ha vulnerado el Estado de Derecho al no respetar las resoluciones de la CC sobre la CICIG.

 

 

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El Gobierno, diputados y funcionarios del sistema de justicia de Guatemala se refieren a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como un hecho del pasado, mientras en Washington D.C., el debate público sobre la Comisión se activa con fuertes cuestionamientos a la decisión unilateral del presidente Jimmy Morales de terminar el mandato de dicha Comisión, sin el acuerdo de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

 

“Lo que ocurre en Guatemala es un desastre para el Estado de Derecho… jueces han sido amenazados e intimidados… elementos claves del Estado de Derecho en Guatemala están siendo desmantelados sistemáticamente”, dijo William Brownfield, ex embajador de Estados Unidos (EE. UU.) y subsecretario de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL, por sus siglas en inglés).

 

Brownfield expuso estas preocupaciones sobre la situación del país en el foro organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) y que tuvo lugar en el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso estadounidense. En el coloquio también participó la congresista Norma Torres; el empresario guatemalteco Peter Lamport y la exmagistrada y catedrática de Georgetown, Claudia Escobar.

 

LAS POSTURAS

 

Durante la actividad la congresista republicana, Leah Campos, criticó a la Comisión e indicó que el trabajo de la CICIG debía terminar. Por su parte, la representante demócrata Norma Torres señaló que el Gobierno de Morales y sus asociados emprendieron una campaña anti CICIG en los pasillos del Congreso estadounidense, por lo cual pagaron US$80 mil mensuales.

 

Torres anunció que el Departamento de Estado prepara un listado de funcionarios guatemaltecos involucrados en casos de corrupción y narcotráfico, también señaló que ella y algunos de sus colegas impulsan sanciones para el Gobierno de Guatemala y sus aliados por las decisiones de terminar con el mandato de la Comisión de la ONU.

 

DESOBEDIENCIA A LA CC

 

Lamport dijo que era necesario que Estados Unidos se pronuncie “en una sola voz” sobre la situación que vive en Guatemala, ya que considera que el Organismo Ejecutivo comete graves violaciones al Estado de Derecho al no acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC). “¿Debemos ceder soberanía al crimen? Este es el principal problema que enfrentamos actualmente en Guatemala”, expresó Lamport, quién también ejerció como presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).

 

La exmagistrada también emitió sus consideraciones sobre las resoluciones de la CC, las cuales han permitido que legalmente la CICIG mantenga su mandato en Guatemala. Escobar dijo que el presidente Morales no ha acatado lo dictado por la Corte de Constitucionalidad y que todas esas acciones, de no respetar el Estado de Derecho, “solo permitirán que Guatemala esté totalmente en las manos de las mafias”, añadió la catedrática de Georgetown.

 

WILLIAM BROWNFIELD

 

El exembajador y subsecretario del INL, William Brownfield fue un actor clave en 2015, por el apoyo que dio el Gobierno de Estados Unidos a CICIG en la lucha contra la corrupción. Brownfield es un reconocido diplomático estadounidense que se enfocó en la lucha contra el narcotráfico en la región. Fue embajador de EE. UU. En Chile, Colombia y Venezuela. El diplomático ha sido uno de los impulsores para aplicar sanciones a los aliados de Nicolás Maduro.

 

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