La frase “poco a poco y paso a paso se avanza” –con la que exaltó la gestión gubernamental de su hermano en redes sociales– parece inspirar a Sammy Morales en el camino para ser inscrito como candidato a diputado por el partido FCN-Nación.

Pese a que está sujeto a proceso penal, Sammy habría avanzado la gestión de carencia de antecedentes policiales, el documento que pone una distancia entre sus aspiraciones políticas y la credencial de candidato a diputado.

El vespertino La Hora divulgó ayer una fotografía de la ficha policial de Sammy Morales que muestra su estatus como “sin orden de captura” y “sin antecedentes”. Según la publicación, la orden de borrar los antecedentes “fue girada de la Dirección General de la PNC, que a su vez instruyó a la Secretaría General de la Policía, Asesoría Jurídica y finalmente a policías del Gabinete Criminalístico, que manejan las bases de datos”.

Morales debe tener la boleta antes del 17 de marzo, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cierra las inscripciones de candidatos. Expertos en derecho penal aseguran que la PNC no puede extender la constancia de carencia de antecedentes, mientras Sammy Morales está vinculado a un proceso penal.

Morales confirmó que solicitó la carencia de antecedentes policiales “como cualquier ciudadano”. Y el director de la PNC, Carlos Tohom, confirmó que cualquier persona puede hacer el trámite pero no detalló cuándo recibió la solicitud ni qué resolución se emitió al respecto o por qué en la ficha se eliminó el antecedente de la aprehensión del hermano del Presidente, el 17 de enero de 2017.

Tohom, juramentado como director de la PNC el 8 de enero pasado, debe resolver si accede o no a la cancelación de los antecedentes policiales. Uno de los requisitos para el trámite, según el portal de la cartera del Interior, es la certificación original del juzgado que conoció el caso en el cual se indique “cómo se resolvió en definitiva y que no tiene recurso y notificaciones pendientes”.

Morales enfrenta juicio por fraude en el caso Botín Registro de la Propiedad. Con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la CICIG, el Tribunal Décimo Tercero debe valorar su responsabilidad en la facturación por la compra de canastas navideñas provistas por otras personas.

ES IMPROCEDENTE

El defensor de Morales, Óscar Poroj, manifestó que desconoce el trámite que inició el acusado.

Mientras, el penalista Marco Canteo señala que la cancelación de antecedentes es improcedente para personas imputadas y personas sujetas a proceso penal.

El penalista Carlos Bezares amplía que las maneras de dar por terminado un proceso penal son el cierre del caso por orden de juez, el cumplimiento de sentencia o la absolución, dictadas por los tribunales de justicia.

De igual forma opina el exdirector de la PNC, Nery Ramos. Sin la certificación de la resolución final o sentencia, ya que el proceso aún está en curso, no se puede dar trámite a la petición, advierte.

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, manifestó no tener conocimiento de la petición de Morales de que se hayan borrado los antecedentes ni del tratamiento que dio la PNC a la solicitud.

DE CINCO A OCHO AÑOS DE PRISIÓN

La alteración o destrucción de información en archivos públicos es penalizada con prisión de cinco a ocho años de prisión, de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública y podría aplicarse a quienes hayan borrado los registros policiales de Sammy Morales sin el debido fundamento, expone el abogado Carlos Bezares. También se podría configurar el delito de abuso de autoridad, añade Bezares.