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Nacionales

Exdiputado Muadi y cinco reos más del proceso “Plazas Fantasma” quieren volver a casa con medidas sustitutivas


Expresidente del Legislativo y los demás encausados penalmente han permanecido encarcelados más de 200 días, razonan defensores ante Tribunal Octavo de Sentencia. No ven peligro de fuga ni de afectar investigación.

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Ligado a proceso penal el 4 de abril de 2015 por asociación ilícita, peculado por sustracción y lavado de dinero en el caso “plazas fantasma”, la defensa del expresidente del Congreso de la República 2013-14, Pedro Muadi Menéndez, ha solicitado hoy al Tribunal Octavo de Sentencia modificar la prisión preventiva que cumple hace más de tres años y se le concedan medidas sustitutivas, en especial arresto domiciliario.

El mismo requerimiento ha sido formulado a los tres juzgadores por otros cinco detenidos dentro del proceso de investigación del Ministerio Publico y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (MP/CICIG), por señalamientos de desvíos de fondos hasta por Q4.7 millones por medio de “empleados” contratados por el Legislativo. Los abogados insisten que no existe peligro de fuga ni de afectación alguna a la investigación.

En el 2015 Muadi renunció a la curul el 21 octubre –un día después que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo despojara de la inmunidad para que fuera sometido a investigación penal–. Luego, el día 29 se entregó en el juzgado que conocía el expediente y desde entonces ha permanecido enclaustrado en la cárcel de la brigada militar Mariscal Zavala, zona 17, al igual que los demás sindicados.

Los investigadores ratificaron repetidamente ante el órgano de justicia que entre 2013 y 2014 siendo él presidente de la Junta Directiva de ese organismo del Estado, además de alto dirigente del entonces Partido Patriota (PP), Claudia María Bolaños Muñoz –secretaria privada en una empresa suya– recibió en su cuenta bancaria depósitos por Q630 mil provenientes de recursos del Congreso por salarios de puestos de trabajo de varios supuestos “guardaespaldas” del diputado.

En ese entonces y al final de la audiencia de primera declaración, el Juez Undécimo José Eduardo Cojulum Sánchez consideró al resolver que en el ahora exparlamentario sí existió la voluntad para cometer asociación ilícita, peculado por sustracción y lavado de dinero. No obstante, al respecto de ello Muadi dijo después cuando se retiraba de la sala: “El delito se dio, pero no sé qué pasó”.

La defensa había solicitado la aplicación de una medida sustitutiva para su cliente, pero se rechazó luego que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) argumentó la existencia de peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad, si se toma en cuenta que el sindicado había salido de Guatemala en siete ocasiones a lo largo del 2015.

En términos generales, el expresidente del Congreso ha sostenido de forma continua en torno a las acusaciones, que le extrañaban ya que “solo son indicios, no hice nada malo…”.

Desde el 25 de junio de ese año el MP y la CICIG lo acusaron de haber “contratado” 28 guardaespaldas que trabajaban en la agencia SIS de seguridad, de la que él es gerente general, pero que les entregaban una mínima parte (Q2 mil) del salario presupuestado (Q7 mil u Q8 mil), y de lo cual se encargaban cuatro personas de su empresa privada.

Entre las capturas iniciales de personal legislativo y empleados de Pedro Muadi, en junio de 2015 estuvieron las de Elisa Méndez Cardona, Rudy Escobar Villagrán, Edgar Eduardo Catalán, María Ofelia Mercedes Villafuerte, Silvia Meneses, Claudia María Bolaños Muñoz y José Estuardo Blanco Aguilar, pero posteriormente los aprehendidos llegaron a sumar alrededor de 32.

A lo largo del proceso en primera instancia la fiscalía señaló que para consumar el desvío de los fondos públicos fueron abiertas 15 cuentas bancarias para cada uno de los elementos de seguridad del entonces Presidente del Legislativo, presupuestados con Q5 mil de salario mensual más Q3 mil provenientes de dicho organismo.

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