¿Merece una nueva discusión la Ley de Reconciliación Nacional tras 23 años de vigencia?

– El Estado no debe sancionar normas que vayan en contra de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos ni de los derechos de las víctimas de graves violaciones sufridas en el pasado. Revisar para otorgar impunidad y retroceder en la materia es no solamente una violación al derecho internacional vigente, sino un gran error ético y moral por el que se deja a las víctimas indefensas.

¿Qué contexto trae el debate de la Ley de Reconciliación Nacional?

– El proyecto en discusión quiere considerar a dichas violaciones de Derechos Humanos como “delitos políticos”, lo cual es un verdadero dislate jurídico desde el punto de vista del derecho internacional, así como completamente ineficaz.

¿Este tipo de normativas tiene tiempo de vida, tomando en cuenta el periodo en que se cometieron los delitos?

– Los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles. El elemento temporal no tiene efecto alguno a nivel jurídico.

¿Cuál es la diferencia entre otorgar una amnistía y otorgar una extinción total de responsabilidad penal a quienes cometieron delitos durante el enfrentamiento armado interno?

– Ninguna. Conforme a la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esas medidas son nulas y carecen de efectos jurídicos.

La reforma que está en discusión refiere que en un plazo de 24 horas quienes hayan sido juzgados, se encuentren en cumplimiento de condena o en procesal penal deberán ser puestos en libertad. ¿Qué consecuencias tendría esto?

– El Estado caería en ilegalidad internacional, se retrocederá a los grados más brutales de impunidad, se tiraría por la borda más de tres décadas y media en las que se ha buscado justicia de manera pacífica y conforme a la ley. Además, si se aprueba esta reforma, podría dar lugar a represalias contra todas las víctimas

¿A nivel internacional genocidio, delitos contra los deberes de la humanidad, tortura y desaparición forzada tienen efectos retroactivos?

– El derecho internacional penal vigente para estos casos, y la jurisprudencia internacional –en especial de la Corte Interamericana– son meridianamente claras: los hechos de ese carácter no pueden permanecer en la impunidad y son inaplicables y sin efecto las leyes de amnistía, indultos u otras medidas que intenten eximir la responsabilidad penal de las personas perpetradoras.

¿De aprobarse el proyecto qué consecuencias tendría para el país?

– Implicará un brutal retroceso y el surgimiento de nuevas querellas en el plano internacional, también otros Estados podrían activar la jurisdicción universal para perseguir y juzgar a presuntos responsables de los hechos.

¿Qué leyes internacionales, tratados y convenios se violarían al momento de aprobarlo?

– Es más fácil hacer la pregunta inversa: ¿Qué compromisos de derechos humanos se pueden respetar con una medida de estas características? Aspiro sinceramente a que el Estado de Guatemala realice lo debido y que este proyecto de ley quede sin aprobación, o luego sea anulado por los procedimientos constitucionales establecidos al efecto, incluido un pronunciamiento de la Corte.