Familiares y amigos del exintegrante de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Max Quirín, piden que no se suspenda la audiencia programada para el próximo viernes ante el Juzgado Décimo Penal y que dicha instancia le conceda medida sustitutiva.

En conferencia de prensa en la Cámara de Industria, los allegados a Quirín denunciaron que el exdirectivo del Seguro Social –representante del sector patronal– suma tres años y ocho meses en la cárcel de la Brigada Militar Mariscal Zavala, lo que excede el plazo de un año establecido para la prisión preventiva.

En septiembre de 2018, el Tribunal Undécimo de Sentencia responsabilizó a Quirín por fraude en el caso IGSS-Pisa y le impuso una pena de 6 años y 3 meses de prisión. Dicha carpeta señala ilícitos en la contratación del proveedor para el tratamiento de diálisis peritoneal para pacientes renales.

En esa misma resolución, el tribunal dictó medida sustitutiva a favor de Quirín, hasta que el fallo quede firme. La condena está en proceso de impugnación ante la Sala Tercera de Apelaciones.

La libertad que ordenó el tribunal de sentencia no se ha concretado porque Quirín enfrenta un segundo proceso, que el Ministerio Público (MP) y la CICIG revelaron en marzo de 2017, por la contratación irregular para el arrendamiento de un inmueble, la compra de ambulancias y un sistema informático para el Seguro Social.

Quirín tiene arraigo en el país y su libertad “no supone peligro de fuga ni tiene capacidad para obstruir las investigaciones”, detalló su amigo Roberto Ardón.

Al indagar si sus peticiones no suponen una interferencia en la independencia de los jueces, Carla Caballeros, indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en sus distintos informes, ha denunciado públicamente la preocupación por el abuso de la medida de prisión preventiva.

La regulación vigente permite la prórroga de la prisión preventiva más allá de un año.
El exrepresentante patronal se encuentra bien de salud y animado por los amigos que le visitan todos los días, indicó Caballeros.

El dato

Desde las capturas por el caso IGSS-Pisa –el 20 de mayo de 2015– hasta la sentencia, el proceso demoró 1,225 días. El Observatorio del Sistema de Justicia identificó que un proceso de instancia penal –no de alto impacto, como los que gestionan el MP y la CICIG–, dura, en promedio, 918 días.