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Nacionales

La CSJ mantuvo inmunidad a Alejos con base en falsedades


La Corte Suprema argumenta, erróneamente, que el número telefónico del diputado Alejos corresponde al ejecutivo de un operador telefónico.

 

 

Una resolución oculta desde noviembre pasado revela inconsistencias en los argumentos del juez pesquisidor y de la Corte Suprema de Justicia para mantener con inmunidad al diputado del partido Todos Felipe Alejos Lorenzana, que recién juró como primer vicepresidente del Congreso.

Tanto la recomendación del juez pesquisidor Jorge Antonio Valladares Arévalo como la resolución de la Corte Suprema que dispone no despojar de inmunidad al diputado, señala que en la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público “no se acreditó fehacientemente que el número 40009116 estuviera asignado al diputado”.

En la resolución se afirma que, según el reporte del operador telefónico, la línea 40009116 se encuentra a nombre de Luis Antonio Yaquian, de la entidad de Enlace de Asuntos Estatales, Asuntos Corporativos.

El planteamiento es falso, pues Yaquian es el ejecutivo de la empresa de telefonía que firma el documento que acredita que la línea telefónica, inactiva desde 2016, ha tenido como único usuario a Felipe Alejos. Enlace de Asuntos Estatales no es una entidad, como lo pone la CSJ sino es el cargo que ocupa Yaquian.

En enero de 2018, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron una solicitud de antejuicio contra el diputado Alejos, por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y cohecho activo, vinculados con el caso Traficantes de Influencias. Ayer, el congresista no respondió ninguna de las llamadas a su celular.

Dicha carpeta judicial surgió en seguimiento a las actividades de Giovani Marroquín Navas, capturado en 2015 y acusado en el caso La Línea. Según las pesquisas, Marroquín promovía ante exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal, a cambio de un porcentaje del dinero que se esperaba obtener.

Alejos habría servido de intermediario entre dos contribuyentes y la estructura que prometía facilitar las gestiones a cambio de sobornos, de acuerdo con el MP. Dicha sindicación se documenta, entre otros, con las conversaciones entre Alejos y Marroquín, según los datos obtenidos de los dispositivos electrónicos que le incautaron tras su captura.

El pesquisidor y la CSJ que favorecieron a Alejos también exponen que no se demostró que existiera autorización judicial para la extracción forense del número 40009116 –de Alejos–. Sin embargo, las comunicaciones corresponden al teléfono de Marroquín, analizado con autorización del Juzgado B de Mayor Riesgo.

También se señala que no hay indicios de que Alejos haya obtenido algún beneficio económico de la intermediación que se le endilga. El MP señala que, precisamente para abundar en la investigación es que se solicitó el antejuicio contra Alejos, hace un año.

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