El Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), emitió un comunicado donde señala que el Estado de Guatemala faltó a los principios, reglas y prácticas, señalados en el artículo 149 de la Constitución Política de la República, al dar por finalizado unilateralmente el acuerdo que dio vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

“Ante las persistentes manifestaciones del Presidente de la República y de otros funcionarios del Ejecutivo de no acatar las resoluciones y órdenes de la Corte de Constitucionalidad (CC) con relación a las acciones llevadas a cabo contra la CICIG, violan el primer párrafo del artículo 154 que establece el principio de legalidad”, apunta el escrito.

Dicho artículo detalla que “los funcionarios públicos son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella”. De esa cuenta, el acuerdo del estado de Guatemala con la Organización de Naciones Unidas (ONU), al haber sido aprobado por el Congreso de la República y ratificado por el Presidente, adquirió la obligatoriedad de una ley que, además, tiene preeminencia sobre el derecho interno, según el artículo 46 de la Carta Magna.

La desobediencia a las resoluciones de la CC cometida por empleados públicos o funcionarios, es causa legal de destitución, sumado a otras sanciones ya establecidas en en el artículo 78 de la Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad, señala el CEDECON.

Además, exponen que los magistrados de la CC “no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo”, eso por la acción penal promovida contra tres magistrados de ese máximo tribunal, presentada, entre otros actores, por el Procurador General de la Nación.  

“Por lo tanto no se dan los elementos para tipificar los delitos que se les imputan; motivo suficiente para no haber admitido para su trámite el antejuicio promovido”, indican.

El CEDECON demanda a las autoridades de los tres poderes del estado, ministerios y dependencias de los organismos estatales, que se respeten las resoluciones y órdenes dictadas por la CC, cuya inobservancia afecta seriamente el orden constitucional y, consiguientemente, el Estado de Derecho.