Antes de continuar con la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Carlos Velásquez Monge, el pleno del Congreso integrará hoy, por sorteo, la comisión pesquisidora que investigará y emitirá un informe circunstanciado sobre la existencia o no de un posible delito por parte de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) denunciados por prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.

La denuncia fue planteada por el presidente de la Asociación de Dignatarios de la Nación de la Asamblea Nacional Constituyente, Guillermo Pellecer, en contra de Gloria Patricia Porras, José Francisco de Mata y Bonerge Mejía. De acuerdo con la demanda, los tres magistrados concedieron un amparo a favor del embajador de Suecia, Anders Kompass, para que no fuera retirado del país, ya que para el Ejecutivo, el diplomático realizó comentarios catalogados como “injerencia” en asuntos internos de Guatemala.

Serán cinco diputados quienes por sorteo integrarán la pesquisidora y determinarán si la investigación promovida tiene razones espurias, políticas o ilegítimas, según lo establecido en el inciso g, del Artículo 17 de la Ley en Materia de Antejuicio. Pese a ello, el denunciante (Pellecer) como presidente de dicha asociación, recibe un aporte del Congreso de Q44 mil mensuales para el pago de sus tres trabajadores.

Pellecer confirmó que además dicho organismo le otorga una oficina, y a cambio se trabaja un convenio para que los integrantes de la Asociación brinden asesoría jurídica a todos los diputados que lo requieran. La Comisión tendrá un máximo de 60 días para emitir un dictamen en tanto que los diputados que han manifestado su oposición a algunas resoluciones de la CC, aseguraron que la pesquisidora esperará el momento oportuno para entregar el informe.

EN SILENCIO REFORMAS

En medio de la integración de la pesquisidora, ayer los jefes de bancada acordaron también conocer en primera lectura, el proyecto de reformas a la Ley de Reconciliación Nacional. La propuesta contempla otorgar una amnistía o extinción total a militares o no militares detenidos por casos relacionados con el conflicto armado interno además de otorgarle un resarcimiento a varios veteranos del Ejército que se encuentran en prisión preventiva.

“La Corte de Constitucionalidad ha malinterpretado el Artículo 219 de la Constitución”, dice el diputado Fernando Linares Beltranena, quien dio dictamen favorable a las reformas a la Ley de Reconciliación.

Según el legislador, en este artículo, los militares tienen una garantía constitucional que es ser juzgados por tribunales militares.

Para el representante del bloque de la URNG, Walter Félix, el tema es delicado ya que aprobar dicha normativa es ir en contra de los Acuerdos de Paz, por lo que pidió, al igual que Winaq y Convergencia, retirarla del pleno.

LAS POSTULADORAS

Para la sesión de este jueves, se convocará a las Comisiones de Postulación para integrar la nómina de candidatos para la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Apelaciones, quienes tendrán que tomar posesión en octubre próximo. La agenda también incluye concluir con la aprobación de un crédito de US$100 millones para el proyecto “Crecer Sano”.

MAGISTRADAS DESAPRUEBAN RESOLUCIÓN

El miércoles pasado el pleno de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la solicitud de antejuicio en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En la decisión se presentaron dos votos razonados disidentes de las magistradas Delia Marina Dávila y María Eugenia Morales, que fueron entregados ayer, en los cuales consignaron las facultades de la CC cuyos fallos son irrecurribles.

“En el presente caso la denuncia no se basa en una investigación previa, ni seria y no se aportan elementos de razonabilidad que hagan viable una pesquisa por un supuesto hecho delictivo, pues el hecho que denuncian es que los magistrados antejuiciados emitieron una resolución jurisdiccional de amparo”, consignó Dávila en su voto razonado.

Además, Dávila señaló que la ley establece que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, lo que implicaría –a su consideración– que la protección constitucional no tiene límites. “No se puede criminalizar el ejercicio de la función jurisdiccional de los magistrados de la Corte, quienes actuaron conforme a su mandato constitucional”, indicó Dávila.

Por su parte, Morales razonó que, las funciones del Ejecutivo, o de cualquier entidad pública, no son absolutas, por lo que el argumento de la asociación de Dignatarios de la Nación, en el que señalaron que los magistrados se extralimitaron en sus funciones, no era válido para admitir a trámite la solicitud de antejuicio.