Durante la campaña electoral que se desarrollará entre marzo y junio, las organizaciones políticas tendrán prohibido contratar anuncios para solicitar el voto a favor de sus candidatos. El encargado de pagar la propaganda será el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para lo cual dispone de un presupuesto de Q78 millones. El tiempo que duren los anuncios y los espacios de estos deberán ser iguales para todos los candidatos y solo se podrá contratar a medios de comunicación autorizados por el TSE.

Armando Arroyo, director financiero del TSE, explicó que el cálculo de los fondos que serán utilizados para costear los anuncios de los candidatos a cargos públicos lo realizó el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), institución que anunció que trasladará, en dos cuotas, los Q500 millones para la realización de todo el proceso electoral.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece que el monto que se deberá asignar para promover el acceso igualitario a los medios de comunicación, será el equivalente a “no menos” del 0.25 por ciento del total de ingresos ordinarios del Estado. Arroyo explicó que, para calcular la asignación, el Minfin tomó en cuenta únicamente los ingresos provenientes de los impuestos sin destino específico.

Para el pago de los anuncios de los partidos políticos en radio, prensa, televisión, Internet y vallas publicitarias, entre otros medios; se establecerá una “tarifa electoral” que será del 20 por ciento del promedio de la tarifa comercial. Las organizaciones políticas deberán presentar al TSE un plan con el número de candidatos que postularán en los comicios, para que el órgano electoral diseñe un plan para la distribución igualitaria de espacios.

EXPECTATIVA

Mientras el Tribunal se prepara para convocar a elecciones generales este viernes 18 de enero, en contra de las reformas a la LEPP que obligan a la distribución equitativa de la propaganda y el cobro de una nueva tarifa sobre los anuncios se han planteado al menos cinco acciones de inconstitucionalidad, que la Corte de Constitucionalidad (CC) tiene programado conocer en los siguientes días.

De acuerdo con el politólogo Renzo Rosal, quien dirigió la Unidad Especializada Sobre Medios de Comunicación del TSE, si la CC decide expulsar del ordenamiento jurídico la norma que regula la propaganda, supondrá un “golpe” contra las reformas a la LEPP aprobadas hace dos años porque propicia el financiamiento electoral ilícito.

“La idea es que haya el mismo acceso a los medios de comunicación por parte de todas las organizaciones políticas. Si esto lo revierten, los beneficiados serían los partidos que tienen más acceso a capitales lícitos e ilícitos para pagar propaganda. Los partidos nuevos serían afectados y tiraría por la borda la competencia igualitaria de los políticos”, señaló Rosal.

MENOS MEDIOS INSCRITOS

El TSE publicó en su sitio electrónico la lista de las 116 empresas de comunicación que llenaron los requisitos para poder transmitir propaganda durante la campaña electoral, entre los que figuran medios impresos, digitales, radios comunitarias, canales con señal abierta y transmitida por cable; además de agencias de publicidad. En tanto que, para las elecciones de 2015 el Tribunal autorizó a 351 medios de comunicación para transmitir la propaganda.

Financiamiento indirecto

La distribución equitativa de los espacios en los medios se aprobó después de que en 2015 la CICIG revelara en su informe “Financiamiento de la Política” que uno de los tipos de financiación ilícita a partidos políticos, los cometían las corporaciones radiales y de televisión abierta al ceder espacios para “posicionar a líderes políticos y vetar a otros en la cobertura noticiosa”. Según el informe, los medios pactaban los costos con los candidatos, daban aportes a partidos y más tarde recibían contratos públicos como retribución.

116

Medios de comunicación fueron autorizados para transmitir la propaganda.