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Nacionales

Iván Velásquez renunciaría como comisionado si el gobierno deja que continúe la CICIG


Sostiene que el “problema” con el Ejecutivo no es su permanencia, ni tampoco la propia misión, sino que pretenden “garantizarse impunidad a como dé lugar”, además de buscar controlar de manera absoluta el Ministerio Publico y el Poder Judicial.

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El Jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez Gómez, ha señalado durante una entrevista proporcionada al medio colombiano El País –su país de origen– que dejaría al cargo siempre y cuando Jimmy Morales permita que continúe funcionando la misión anticorrupción creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Si el Gobierno de Guatemala garantiza que la CICIG pueda continuar cumpliendo cabalmente su mandato, yo no tengo ningún problema en renunciar”, respondió. En realidad, el “problema” con el Ejecutivo no es su permanencia, ni tampoco la de la misión, el meollo del asunto, es que pretenden “garantizarse impunidad a como dé lugar”, además de buscar controlar de forma absoluta la Fiscalía General y el Poder Judicial, acotó.

Los ataques

Durante la entrevista, el Jefe de la CICIG enumera las acometidas del gobierno en contra de esta, entre ellas la retención del investigador colombiano Yilen Osorio en el Aeropuerto Internacional recientemente.

“Sí. Es que otra acción contra la Comisión fue la revocatoria de visas a tres compañeros y la no concesión de visas a otros ocho, es decir, hay once funcionarios de la CICIG que no tienen visa. Algo grave porque la justificación que dio la Canciller es que eran personas que ponían bombas en sus países, cuando son abogados y policías colombianos, policías de Uruguay y abogados españoles que han acreditado que en sus países no hay investigaciones en su contra”, señaló.

Asimismo, Velásquez enumeró que en la CICIG trabajan cerca de 200 personas y que en las “investigaciones unas 100 o 120, cerca de 25 colombianos y hay un gran apoyo de la Policía Nacional de Colombia, que envía contingentes en investigación y en seguridad, como también lo hacen la Policía de Uruguay y de Perú”.

Aclara, además, que la misión antimafias es financiada por los aportes de la comunidad internacional, y no con dinero del gobierno guatemalteco, ni tampoco de la ONU.

Lea aquí la entrevista

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