La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) manifestó ayer por medio de un comunicado que lamenta la abierta confrontación entre el gobierno de Jimmy Morales y otros organismos públicos debido a que pone en riesgo el Estado de derecho en el país.

El pronunciamiento se da luego de que la solicitud de antejuicio promovida en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) fuera admitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los obispos señalaron su preocupación e indignación ante los acontecimientos de los últimos días y reafirmaron la necesidad de defender el respeto a las leyes. Además, indicaron que consideran acertadas las acciones de la CC.

“Vemos con satisfacción y alivio las acciones coherentes con la ley llevadas a cabo por la Corte de Constitucionalidad, instancia constituida para determinar la correcta interpretación de la Constitución de la República”, cita el documento.

El Consejo Nacional Apostólico de Guatemala de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús también se pronunció sobre la coyuntura nacional. Manifestaron su inquietud por la decisión del presidente Jimmy Morales de expulsar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la desobediencia del gobierno a las resoluciones de la CC.

La institución religiosa indicó que las acciones de las autoridades han generado inestabilidad, inseguridad e irrespeto a la Constitución, poniendo en riesgo la democracia y la legalidad.

DEFENDER PROCESO ELECTORAL

El Episcopado también manifestó que espera que el próximo proceso electoral se desenvuelva en condiciones de Estado de derecho. Señaló que se deben defender los comicios con acciones concretas para fortalecer la democracia en el país.

Asimismo, pidió a la población velar porque se garantice su derecho al sufragio. “Llamamos al pueblo a no dejarse robar la oportunidad de elegir a sus autoridades en conciencia y libertad”.

Recurso

Acción Ciudadana (AC)presentó ayer un recurso de ampliación y aclaración a la resolución de la CC que favoreció a la CICIG, para que continúe operando en el país. La organización solicita que se aclare el término “exhortar”( a las autoridades para facilitar el trabajo de la CICIG). Dicho término resulta ambiguo, señala AC.