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Nacionales

Ven inconstitucionalidades en cese unilateral del mandato de la CICIG


El acuerdo gubernativo que pone fin al mandato de la Comisión viola la Constitución, de acuerdo con cuatro acciones presentadas ante la CC.

 

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Desde la noche del martes 8, la Corte de Constitucionalidad(CC) recibió no menos de cuatro acciones de inconstitucionalidad en contra de la decisión unilateral del gobierno de Guatemala de suspender, de forma anticipada, el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En las acciones se cuestiona que la decisión del mandatario Jimmy Morales, entre otros, viola los Artículos 44, 46, 140, 149, 175 y 182, como lo expone el abogado Alfonso Carrillo, ponente de una de las acciones. El 46, por ejemplo, cita que en materia de Derechos Humanos, los tratados y convenciones ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno, como es el caso del convenio con Naciones Unidas para la creación de la CICIG.

También se señala que, la decisión contenida en el Acuerdo Gubernativo 2-2019 viola los Artículo 140 y 182 de la Constitución, que se refieren a la organización del Estado y las atribuciones presidenciales, respectivamente, pues Morales “ha actuado para proteger intereses personales, intereses privados de terceros, y no los intereses de toda la población guatemalteca”, advierte Carrillo.

Junto a Carrillo, el planteamiento va firmado por el ex-Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Mario García Laguardia; y los activistas Helen Mack y Álvaro Montenegro.

Las otras inconstitucionalidades fueron presentadas por Maritza Vásquez, Luis Velásquez y Alejandro Balsells.

También se presentaron otros cuatro amparos en contra de la disposición de gobierno. La CC no informó qué trámite se le dio a las nuevas acciones, debido a la extensa jornada del martes.

SUSPENDE ACUERDO GUBERNATIVO

A las 5:00 horas de ayer y tras más de ocho horas de análisis –por mayoría, con el voto disidente de la presidenta Dina Ochoa– el máximo tribunal dejó en suspenso el Acuerdo Gubernativo 2-2019.

En su fallo, la CC expone que el presidente es el responsable de dirigir la política exterior, pero señala que debe hacerlo conforme a las reglas internacionales –como la Convención de Viena– y bajo control constitucional.

El máximo tribunal también advierte que, en septiembre de 2018, luego de anunciar que no solicitaría a Naciones Unidas otra prórroga del mandato de la Comisión, el gobierno de Guatemala se comprometió a respetar el mandato hasta septiembre de 2019 y apoyar el funcionamiento de la CICIG.

Además, nota que el procedimiento que utilizó el presidente no es el establecido para poner fin a un tratado internacional. La Corte exhorta a la Presidencia, al Congreso y a la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, para que “faciliten el debido funcionamiento de la CICIG”.

A criterio de Helen Mack, esa parte supone un blindaje para evitar que el Congreso promueva alguna acción tendiente a frenar las labores de la Comisión. Hasta el cierre de la edición, la presidencia no se había pronunciado sobre el fallo del tribunal constitucional.

VELÁSQUEZ EVALÚA ACCIONES

Desde Nueva York, Naciones Unidas informó que el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, “se encuentra evaluando las acciones que se llevarán a cabo para continuar con las tareas de este organismo”.

“La CICIG toma nota de lo señalado por la Corte de Constitucionalidad y promueve el respeto del Estado de Derecho en Guatemala”, cita la nota de prensa.

El portavoz del Secretario General António Guterres, informó que la CICIG debe finalizar su mandato en respeto al acuerdo internacional celebrado entre el Estado de Guatemala y Naciones Unidas.

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