El Consejo Nacional Apostólico de Guatemala de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, ha exigido al gobierno que respete la constitucionalidad y división de poderes a raíz del fallo del Tribunal Constitucional favorable a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con la instrucción de que debe continuar en el país hasta el final de su mandato el 3 de septiembre de 2019.

Asimismo, expresa en un comunicado su profunda “sorpresa, preocupación e indignación a raíz de las decisiones tomadas por el presidente Jimmy Morales”, ya que la desobediencia a los fallos constitucionales genera “inestabilidad, inseguridad e irrespeto a la Constitución y al Estado de derecho, poniendo en riesgo la democracia y la legalidad republicana que está obligado a defender”.

Por lo tanto, puntualiza, “no se trata de estar a favor o en contra de la CICIG, se trata de preservar la legalidad con ética política y de recuperar el sentido profundo de lo político como forma de construir una sociedad más justa, pacífica e incluyente” y aclara que no se trata de apelar a una “falsa soberanía sino defender los derechos humanos de los guatemaltecos…”

“La lucha contra la corrupción y la impunidad son una parte sustancial en nuestra sociedad”, continúa exponiendo en este pronunciamiento el Consejo Nacional Apostólico, pero“los hechos nos dictan que se está favoreciendo mediante un pacto de impunidad a intereses sectoriales y los privilegios de los más poderosos. Se divide a la población y se pone en peligro la paz social.

Por su parte, el Obispado de Huehuetenango declara también el respaldo al fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad (CC), y exige que no sean detenidos los casos que investigan la Comisión Internacional y el Ministerio Público. “Llamamos a la población a no dejarse manipular y ser constructores de la paz, evitando toda confrontación en detrimento de la paz y armonía ciudadanas”, dice.

Y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria en Guatemala hace un llamado al Ejecutivo para respetar la constitucionalidad y la división de poderes, así como salvaguardar la democracia y el Estado de derecho.