El Congreso de la República facilita oficinas a la denominada Asociación de Dignatarios de la Nación (ADN) y paga el salario a tres de sus empleados. Su presidente Guillermo Pellecer Robles confirmó este jueves que sí se reciben “aportes” de ese organismo del Estado.

De tal manera que el Legislativo desembolsa Q44 mil mensuales para cubrir los honorarios del personal de dicha entidad, según reporte del vespertino ‘La Hora’. El grupo, integrado por exdiputados constituyentes, promovió la solicitud de antejuicio contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Fue admitida ayer por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su envío al Legislativo que decidirá si es levantada la inmunidad a los denunciados Gloria Porras, Bonerge Mejía Orellana y José Francisco de Mata Vela, por supuestamente haber emitido resoluciones violatorias a la Constitución.

El caso es que ellos otorgaron los amparos solicitados el año pasado por la Fundación Mack y el abogado Alfonso Carrillo Marroquín, lo que dejó sin efecto una solicitud del Ejecutivo a Suecia para que sustituyera al embajador Anders Kompass, por unas declaraciones públicas relacionadas con Guatemala.

Este día durante conferencia de prensa en el Legislativo, directivos de la ADN, encabezados por Pellecer, dijeron esperar que el Congreso despoje del derecho de antejuicio a los juzgadores a raíz de la decisión en la CSJ, a fin de que sean investigados por el Ministerio Público (MP).

La CICIG

Además, creen que  la mayoría de magistrados constitucionales ha fallado en sus interpretaciones al detener la decisión del gobierno para finiquitar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), debido a que por ser un tema de política exterior le compete exclusivamente al Ejecutivo.

Las últimas acciones legales dirigidas hacia integrantes de la CC y la misión de Naciones Unidas han despertado alertas a nivel internacional. Por ejemplo, a la embajada de Estados Unidos le preocupa el futuro de los esfuerzos anticorrupción en la nación centroamericana.

Y para el congresista jefe del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Eliot Engel, resulta “extremadamente preocupante” el esfuerzo gubernamental, instituciones y ciertas personas para adoptar represalias contra los magistrados y la misma CICIG