La entidad Acción Ciudadana (AC) –filial nacional de Transparencia Internacional (TI)– ha presentado un recurso de ampliación y aclaración a la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que favoreció a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para que continúe operando en el país.

En el fallo emitido se lee que los magistrados resolvieron que “exhortan a las autoridades impugnadas para que en el ámbito de sus competencias, instruyan a los funcionarios y empleados de las dependencias a su cargo para que faciliten el debido funcionamiento de la CICIG”.

No obstante, ese término le resulta ambiguo a la institución interponente, ya que significa que debe “incitar a alguien para que haga o deje de hacer”, por lo que el gobierno podría acatar la disposición o desobedecerla.

“La Honorable Corte de Constitucionalidad debe de aclarar ese punto en el sentido de ordenar a la autoridad impugnada a que no se restrinja de ninguna forma las funciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y todos los derechos que el Acuerdo de Creación contiene”, expone la petición de AC.

La alta corte resolvió la madrugada de ayer y por mayoría (4 – 1) suspender el acuerdo gubernativo por medio del cual se daba por terminado el convenio suscrito en 2007 con la Organización de Naciones Unidas (ONU), el que estableció formar la misión anticorrupción en el país.

La misma resolución señala que aunque el mandatario Jimmy Morales dirige la política exterior, debe hacerlo de conformidad con la ley y respetando las reglas internacionales.