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Nacionales

Por qué se creó la CICIG y sus aportes para el país


Activistas de los derechos humanos que en 2003 gestionaron su instalación, defienden la labor realizada por esta misión de Naciones Unidas.

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Defensores de los derechos humanos que formaron parte de la solicitud para la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) defendieron la instalación de la misión de las Naciones Unidas en el país y el trabajo su rol en la transformación del sistema de justicia nacional.

La colaboración de la instancia con el Ministerio Público (MP) permitió investigar  penalmente a los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), que al profundizarse evidenciaron los vínculos entre estructuras paralelas y sectores políticos, señalaron los activistas en conferencia de prensa.

Además, la Comisión impulsó la creación de normas legales como la Ley de Extinción de Dominio, de Juzgados y Tribunales de Mayor Riesgo, y promovió una serie de reformas al sistema de persecución y enjuiciamiento de las redes criminales.

¿Por qué se creó la CICIG?

Señalaron que antes del establecimiento de esa misión de Naciones Unidas la inacción de los juzgadores resultaba evidente y el país estaba controlado por aparatos clandestinos. Además, los registros de ataques hacia defensores de derechos humanos eran altos.

Tal situación llevó en 2003 a varias organizaciones de la sociedad civil a solicitar al entonces titular de la PDH, Sergio Morales, crear una comisión internacional contra los CIACS. El acuerdo quedó suscrito en 2004, pero la Corte de Constitucionalidad (CC) dio dictamen desfavorable y no fue ratificado.

Dos años después fue iniciado nuevo proceso para instalarla a fin de intentar frenar el incremento de feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y secuestros que se registraban. En diciembre de 2006 se suscribió el nuevo convenio para fundar la CICIG y en septiembre de 2007 quedó instalada.

Frank La Rue, exdirector de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh), señaló en la rueda de prensa que se buscó que un organismo internacional investigara los CIACS debido a que por ser funcionarios extranjeros se evitaría que pudieran tener vínculos.

Régimen de facto

Los activistas rechazaron la decisión del gobierno de Jimmy Morales de ponerle fin al acuerdo de creación de la CICIG, así como su insistencia en no acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que le limita accionar contra la institución antimafias.

La Rue  refirió que si el gobierno no obedece los fallos al más alto nivel se convertirá en un régimen de facto que desconoce la legalidad, por lo cual corresponde a los magistrados y al Ministerio Público velar porque se cumplan los fallos del Tribunal Constitucional.

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