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Nacionales

Continúa surgiendo el rechazo a decisión unilateral del gobierno


Transparencia Internacional, Amnistía Internacional y la embajada de Noruega se suman a pronunciamientos contra pretensión de cancelar el acuerdo que crea la CICIG.

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Amnistía Internacional (AI), la embajada de Noruega y Transparencia Internacional (TI) condenaron este martes la decisión unilateral del gobierno de dar por terminado el acuerdo firmado con Naciones Unidas para crear en 2007 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La misión diplomática publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que señala que el trabajo de la instancia promovida por la ONU ha sido efectivo en el fortalecimiento del Estado de Derecho y el combate a la impunidad.

Asimismo, Transparencia Internacional manifiesta en un comunicado que la decisión del mandatario Jimmy Morales es la continuación de sus intentos para detener la lucha anticorrupción, reducir la libertad de expresión y restringir a las organizaciones de la sociedad civil, por lo que instó a la Corte de Constitucionalidad (CC) a bloquear dichas acciones.

Señala que la Comisión Internacional ha tenido un éxito significativo en el procesamiento de varios casos de corrupción a alto nivel y que cuenta con el apoyo de los ciudadanos. La presidenta de TI, Delia Ferreira Rubio, lamenta que las acciones del Ejecutivo pongan en peligro el Estado de Derecho y signifiquen un retroceso para el país y la región.

“Las acciones del gobierno de Guatemala son una confrontación flagrante con el Tribunal Constitucional, la Oficina del Fiscal Público y las Naciones Unidas. Su objetivo es garantizar la impunidad y paralizar el trabajo de la CICIG, que ha sido vital en la lucha contra la corrupción en el país”, denuncia.

El equipo legal de Acción Ciudadana (AC), capítulo de TI en Guatemala, presentó ayer dos acciones legales ante la CC para que ordene lo conducente contra el Presidente por la posible comisión de los delitos por violación a la Constitución y desobediencia.

Además, solicita que ordene las destituciones de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y otros funcionarios públicos que han desobedecido las resoluciones de la máxima corte.

Atropellos

Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional, declaró que la decisión del Ejecutivo es un nuevo atropello a la lucha contra la impunidad y que evidencia la despreocupación por construir un sistema de justicia independiente.

Agregó que la CICIG es una iniciativa sin precedentes en la región y su colaboración en investigaciones demuestran que sí es factibe combatir la impunidad y de de perseguir judicialmente a altos funcionarios.

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