Mientras que la Comisión Permanente del Congreso analiza el documento entregado por el diputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Estuardo Galdámez, en el que solicita convocar a sesión extraordinaria para que se manifieste sobre las actuaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), otro grupo de diputados analiza qué acciones tomará en los próximos días el Legislativo.

El periodo de sesiones ordinarias se abrirá el próximo 14 de enero con la integración de la nueva Junta Directiva y dentro de las primeras acciones tiene que conocer una propuesta de ley que busca, que la Corte de Constitucionalidad (CC) sea parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La propuesta de iniciativa de ley contempla que la población decida, por medio de una Consulta Popular, si está de acuerdo en modificar dos secciones de la Constitución referentes a la CSJ y la CC.

“Habría una autoridad suprema que es la Corte Suprema de Justicia”, refirió meses atrás el diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Fernando Linares Beltranena.

De acuerdo a las versiones de varios diputados que omitieron su nombre y que ya conocieron el documento confirmaron que se pretende que la CC se convierta en una cámara sujeta a la CSJ.

Fuentes consultadas aseguraron que el documento, que aún no se ha entregado a Dirección Legislativa, ya fue negociado dentro del Congreso y cuenta con unas 70 firmas.

LA OTRA INICIATIVA

Otra de las decisiones es continuar con la aprobación de las reformas a la Ley de Materia de Antejuicios. Ese proyecto, que está pendiente de conocerse en tercera lectura y redacción final, pretende que las solicitudes de antejuicio contra funcionarios sean conocidas por el Legislativo, sin tener que pasar antes por la CSJ.

El proyecto de reformas a la Ley de Antejuicio posee solo tres  artículos. A criterio del diputado independiente, Oliverio García Rodas, este posee inconstitucionalidades; en tanto, Linares Beltranena, ponente de la iniciativa, dijo que estas son enmendables, por lo que su trámite debe de continuar.

Según Linares Beltranena, en la modificación planteada, el Congreso no asumirá un “papel de pesquisidor” y que, tal como está actualmente la normativa, se “irrespeta” el Artículo 165
constitucional.

En sus lecturas anteriores, esa normativa contó con la aprobación de los partidos: Alianza Ciudadana, Movimiento Reformador, FCN-Nación, Fuerza, Independientes, PAN, Todos y la UNE.