La Corte de Constitucionalidad (CC) ha admitido para su trámite las cinco solicitudes de amparo presentadas en torno a la decisión del Ejecutivo de dar por terminado el acuerdo de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La máxima institución judicial ordenó a las autoridades denunciadas –Presidencia, Cancillería y Congreso– enviar en no menos de tres horas un informe circunstanciado. Sobre si los magistrados sesionarían hoy mismo, el vocero Santiago Palomo señaló que oportunamente se convocará al pleno.

Entre las acciones legales interpuestas se encuentran las de la organización cívica Acción Ciudadana, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Augusto Rodas, el abogado–catedrático universitario Marco Vinicio Mejía y por un grupo de ciudadanos.

Trascendió del interior de la CC, situada en el Centro Histórico, que el personal “está tranquilo” aunque en la mañana hubo preocupación debido a que recibieron órdenes de ir a sacar sus vehículos que por lo regular estacionan en la 11 avenida de la zona 1, en especial porque se sabe de una concentración a las 17:00 horas.

Las mismas fuentes laborales indicaron que el día sigue pasando con cierta tranquilidad, que los empleados tienen conocimiento de que en el edificio permanecen la presidenta Dina Josefina Ochoa Escribá y el magistrado Bonerge Amílcar Mejía Orellana.

Frente exige rapidez

En un comunicado, el Frente Ciudadano Contra la Corrupción (FCCC) demanda a la CC resolver los recursos contra las medidas del Ejecutivo para expulsar a la CICIG, ya que depende de los magistrados restablecer el orden y detener los ataques  de Jimmy Morales y sus colaboradores contra el sistema de justicia.

Señaló que anteriormente la máxima corte ha demorado resoluciones. Por ejemplo, que sigue pendiente la sentencia de la acción promovida el 18 de abril pasado a raíz de la amenaza de una medida unilateral del mandatario para “denunciar” –eliminar– el acuerdo de creación de la Comisión Internacional.

Agregó que el gobierno ha desobedecido resoluciones de la CC, incumplido acuerdos internacionales, atacado al Ministerio Público y violentado el marco jurídico nacional. “El presidente Morales ha tomado el camino equivocado, el ilegal, el que arriesga la democracia guatemalteca, el que nos pone en peligro a todos los guatemaltecos. No lo podemos permitir”, subrayó el FCCC.