El presidente Jimmy Morales no solo anunció ayer su decisión de terminar con el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de forma unilateral, también demandó al Ministerio Público investigar las supuestas anomalías de la Comisión y señaló a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) de inmiscuirse en áreas que no le competen y descalificó sentencias de los jueces. En medio de una conferencia, acompañado de ministros y personas involucradas en casos vinculados a CICIG, el mandatario pidió a la Procuraduría General de la Nación y a la Cancillería a presentar quejas y demandas en contra de la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), funcionarios de la CICIG, personas individuales y autoridades.

“Qué se proceda a hacer las denuncias pertinentes ante las autoridades nacionales en contra de las personas individuales y autoridades que participaron en actos violatorios de nuestras leyes incluyendo prevaricato, abuso de autoridad, actos en contra de la Constitución, órdenes ilegales y sedición”, dijo el mandatario para dar a conocer las acciones que realizará su Gobierno después de haber dado por terminado el Acuerdo con Naciones Unidas sobre el mandato de la CICIG.

De esta manera el mandatario hizo caso omiso de las disposiciones de la CC sobre que las diferencias que mantiene con la Comisión deben ser dialogadas y negociadas con la ONU, la entrega de visas a los investigadores, así como permitir el ingreso del jefe de dicha entidad Iván Velásquez.

Jimmy Morales aseguró ayer que la CC se ha entrometido en áreas que no le corresponden y que esas decisiones deben ser investigadas.

El Presidente dio un plazo de 24 horas a los funcionarios de la Comisión para que abandonen el país, porque según él, ellos ya no cuentan con “privilegios diplomáticos”.

Para hacer este anuncio, el Presidente se hizo acompañar de secretarios y ministros de Gobierno. Junto a los funcionarios fueron ubicadas personas y familiares, que a consideración del mandatario han sido víctimas de los supuestos abusos que CICIG ha cometido en el país. Las familias Bitkov, Vielmann, Valdés Paiz y Zimeri fueron presentadas por el mandatario, para que cada uno de sus miembros diera su testimonio de cómo la Comisión había violado sus derechos humanos y los de su familia. Por cierto, la familia rusa Bitkov fue sentenciada por dos jueces independientes del país por compra y uso de documentos falsificados –DPI y pasaportes guatemaltecos en Taxisco, Santa Rosa.

“El Estado de Guatemala da por terminado el Acuerdo entre la ONU y el Gobierno, relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala por la violación grave a las leyes nacionales e internacionales, sin responsabilidad para el Estado de Guatemala”, dijo Jimmy Morales para informar su decisión, la cual había sido anunciada minutos antes por la canciller, Sandra Jovel, en la sede de la ONU, después de una reunión que sostuvo con António Guterres, secretario general de ese organismo.

Jovel señaló que en dos visitas anteriores expresaron las preocupaciones del mandatario pero luego de 16 meses de diálogos no se solventaron sus solicitudes. Asimismo en su discurso la ministra acusó al comisionado Iván Velásquez de injerencia y de politizar al país.

LOS DESACUERDOS

La Ministra expuso que las razones por las que se decidió concluir con el acuerdo fue violentar el derecho de presunción de inocencia y garantías del debido proceso. Además de atentar contra los derechos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros, quienes aseguró promoverán denuncias en contra de la Secretaría General de la ONU para el resarcimiento de daños.

Agregó que se violentó la soberanía nacional el fin de semana pasado cuando el investigador de la Comisión, Yilen Osorio, ingresó al país a pesar de la prohibición de Migración. Sin embargo, los funcionarios de la CICIG contaban con un amparo de la CC, que ordenaba abstenerse de realizar acciones que limiten la locomoción del personal del ente internacional.

Otras de las razones planteadas fue la pasividad de Naciones Unidas por no resolver y no se estableció un procedimiento de verificación sobre las supuestas acciones ilegales que realizó la Comisión, rompiendo las garantías constitucionales.

Los procesos planteados por la Ministra fueron los casos de Andrés Zimeri, Vielmann y Valdés Paiz. Asimismo como el uso de testigos falsos y mantener a Velásquez como titular de la Comisión. “El Secretario General de la ONU sacrificó a la Comisión por una persona”, dijo.

SEÑALA A LA CC

“La CC abusando de sus facultades ha cerrado minas, ha interrumpido la construcción de hidroeléctricas y ha amparado a personas y grupos denominados sociedad civil”, dijo Morales al señalar a los magistrados de entrometerse en áreas que no les corresponden.

Según Morales la CC ha abusado de su autoridad y ha interrumpido la operación de minas, hidroeléctricas y ha amparado de forma selectiva a diferentes grupos.

“Es menester hacer revisión y justicia en Guatemala… señores magistrados ese dinero (de las demandas en contra del Estado) lo terminarán pagando nuestros nietos y bisnietos, tengan moral y conciencia nacional”, señaló al momento de recordarles que ellos no habían sido elegidos por voto.

PRESENTAN AMPAROS

La CC dio un plazo de 48 horas para que el Organismo Ejecutivo informe en respuesta a un amparo presentado por el abogado Alfonso Carrillo por la intención del mandatario de anular el Acuerdo de Creación de la CICIG.

El excanciller Gabriel Orellana mencionó ayer en un programa de radio que el Artículo 183 inciso O de la Constitución si le da la autoridad al mandatario de dirigir la política exterior y relaciones internacionales. Sin embargo, el artículo se debe interpretar en conjunto con el 149 que trata sobre las competencias del Estado. Orellana consideró que el convenio de la CICIG no puede denunciarse por el Artículo 11 que detalla que el contrato puede darse por concluido de manera unilateral por la ONU.

Minutos antes de la conferencia de Morales, la canciller Sandra Jovel, anunció la carta presentada a la ONU.

ONU rechaza carta del Gobierno

> Por medio de un comunicado, el secretario de Naciones Unidas (ONU), António Guterres respondió que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) continúa, luego de que la canciller Jovel le notificara la decisión del gobierno de Jimmy Morales de dar por terminado el acuerdo de la creación de la Comisión.

> Guterres solicitó al país respetar los compromisos adquiridos y rechazó “enérgicamente” el contenido de la carta entregada por la ministra de Relaciones Exteriores. Afirmó que la CICIG seguirá trabajando hasta el fin de su mandato en septiembre, pese a la decisión unilateral de Guatemala.

> “El mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019. Hasta esa fecha, esperamos que el gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del acuerdo”, aseguró.

> La CICIG fue creada por común contrato entre Guatemala y la ONU en 2007 como un mecanismo independiente que investiga la corrupción de altas esferas del gobierno.

> El jefe de la ONU manifestó que esperan que las autoridades garanticen la protección del personal internacional y nacional de la CICIG. El Secretario reiteró que la Comisión Internacional realiza una importante contribución en la lucha contra la impunidad en Guatemala.

TENSIONES

> Los desacuerdos entre el gobierno y la Comisión no son recientes. Estos iniciaron agosto de 2017 con una queja que el presidente Morales presentó en contra de la CICIG donde se exponen casos de violación de derechos humanos. En esta oportunidad no pide la destitución del titular Iván Velásquez.

> En el mismo mes, Morales, por un medio de un video divulgado en redes sociales declaró persona non grata a Velásquez y pidió su expulsión. La decisión fue detenida por la Corte de Constitucionalidad.

Durante febrero de 2018, Jovel se reunió con el Secretario y pidió el cambio del Comisionado y resarcimiento de los señalados por corrupción que se encuentran en prisión preventiva. Guterres como respuesta le dio todo su apoyo a Velásquez y lo ha mantenido al frente de la CICIG trabajando desde afuera. Expuso que se continuará con el diálogo para encontrar soluciones que beneficien a las dos partes.

AL CIERRE

La organización Acción Ciudadana presentó un amparo en contra la decisión del presidente, Jimmy Morales y de la canciller, Sandra Jovel de dar por terminado el tratado de CICIG.

Eddie Cux, abogado de Acción Ciudadana, explicó que el mandatario violó los principios del derecho internacional establecidos en el Convenio de Viena, en donde se indica que para denunciar un tratado se debe hacer con 12 meses de antelación a su finalización. En el caso del Acuerdo de CICIG este finaliza en septiembre (8 meses). Por otra parte, Acción Ciudadana también pide la destitución de Jovel y Morales porque a criterio de los abogados, estos advirtieron que no reconocerán las resoluciones de la CC.