El abogado Alfonso Carrillo ha presentado en la Corte de Constitucionalidad (CC) una acción de amparo por el hecho de que el mandatario Jimmy Morales y el presidente del Congreso, Álvaro Arzú, pretendan anular el Acuerdo de Creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) firmado en el 2006.

La canciller Sandra Jovel indicó esta tarde en una conferencia de prensa ofrecida en el edificio de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que por la pasividad que mostró el secretario general António Guterres ante las quejas y solicitudes, en plazo de 24 horas el gobierno da por terminado ese instrumento que le dio vida a la misión anticorrupción.

Carrillo interpuso el recurso ante la amenaza también de que Arzú recomiende al Ejecutivo no solo desconocerlo sino expulsar del país a la Comisión. “Tanto el presidente como varios diputados al Congreso de la República tienen conflicto de interés por la existencia de procesos penales y antejuicios promovidos por la CICIG”, señala el escrito.

“La terminación o la recomendación de la terminación o expulsión constituirían actos violatorios a la obligación que tienen todos los funcionarios públicos de obedecer la ley”, añade.

Según Carrillo, el acuerdo fue suscrito, ratificado y entró en vigencia como una normativa en materia de derechos humanos que debe ser observada por todos los guatemaltecos, pero de forma especial los funcionarios del Estado.