Aunque no precisó la cantidad de órdenes judiciales de captura a efectuar en el Aeropuerto Internacional La Aurora por violar resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), impedir el reingreso de 11 investigadores de la CICIG y retener al colombiano Yilen Osorio Zuluaga desde ayer contra su voluntad, el jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, Stuardo Campo, ha llegado ya a esas instalaciones para que se cumpla la ley.

Consultado a su arribo indicó que acude para hacer efectivas las detenciones que sean necesarias en la Terminal Aérea, por lo cual en primera instancia correspondía verificar la documentación expedida por el juez correspondiente contra ciertos funcionarios y empleados de la Dirección General de Migración. Y si los uniformados de la Policía Nacional Civil (PNC) de niegan a acatarla, también irán a prisión.

Campo resaltó que “este es un tema de mantener el orden constitucional”, por lo cual el Ministerio Público (MP) “tiene la facultad de dirigir las acciones y vamos a girar instrucciones a efecto de llevar a los tribunales a los responsables de estos hechos”, lo cual incluye a delegados de Migración y posiblemente personal de la PNC por la comisión de delito fragante.

Los antejuicios

Por aparte, el Fiscal Anticorrupción explicó sobre las instrucciones de la jefa del MP, María Consuelo Porras Argueta, para iniciar causas de antejuicio a los altos funcionarios que han violado las resoluciones constitucionales, que de inmediato se comienza a efectuar los análisis para determinar quiénes de ellos tienen responsabilidad penal (incluidos los ministros Enrique Degenhart y Sandra Jovel).

Mientras todo esto sucede, en la Corte de Constitucionalidad se desarrolla desde antes del mediodía un pleno urgente de los magistrados presididos por Dina Ochoa –quien fue nombrada por el presidente Jimmy Morales Cabrera en representación del Ejecutivo y quien ha razonado sus votos en contra de favorecer los amparos interpuestos a favor de la CICIG, pero que la mayoría de ellos ha privilegiado–.

Estas son las terminantes instrucciones de la fiscal general Porras Argueta: