La abogada de CICIG, Jennifer Bravo, presentó un recurso ante la máxima corte, en el que solicitó que se ejecuten las resoluciones en las que ordenó el ingreso a Guatemala de miembros del equipo internacional y algunos de sus familiares.

Además, en el escrito Bravo advierte desobediencia por parte de las autoridades al no permitir el ingreso al país del investigador colombiano Yilen Osorio. Debido a estas acciones, pide a la CC que ordene al Ministerio Público abrir un expediente penal por desobediencia.

Esta tarde, también el abogado Alfonso Carrillo presentó un recurso ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en donde solicitó que la máxima entidad judicial ordené a las autoridades migratorias que dejen ingresar al país a Osorio.

El profesional pidió también que se ejecute por parte del Gobierno, el fallo constitucional, que ordenó el libre ingreso del equipo internacional de la misión anticorrupción de la Naciones Unidas a Guatemala.

Además, solicitó que se declare nula la resolución de la delegación de Migración del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), en la cual resolvió no admitir el ingreso de Osorio al país.

“Se ordene al Jefe de la delegación del Grupo C del Aeropuerto Internacional La Aurora de la Dirección General de Migración, que en un plazo que no exceda de una hora a partir de recibir la notificación u oficio correspondiente, permita y preste la asistencia y seguridad necesaria para que el señor Yilen Osorio Zuluaga de Nacionalidad Colombia, investigador de CICIG, ingrese libremente al territorio nacional y pueda abandonar libremente y sin ninguna restricción, el Aeropuerto Internacional la Aurora”, se lee en el recurso presentado.

Carrillo solicitó que la Corte ordene también el libre ingreso de todo el equipo extranjero de la CICIG.

Magistrados celebran pleno

Los magistrados de la CC, están reunidos en pleno extraordinario desde hace más de cuatro horas. Sin embargo, elPeriódico supo de una fuente confiable que la presidenta de la alta corte, Dina Ochoa, pidió un lapso para analizar las acciones que resolverá la institución ante la desobediencia del fallo constitucional que favoreció a la Comisión.