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Nacionales

Acción Ciudadana denuncia a dos ministros por desobedecer resoluciones de la CC


El 21 de diciembre, la Corte de Constitucionalidad ordenó a las autoridades abstenerse de limitar el tránsito y locomoción del personal de la CICIG.

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Tres funcionarios del gobierno de Jimmy Morales fueron denunciados hoy ante el Ministerio Público (MP) por los delitos de violación de inmunidades, desobediencia, usurpación de funciones, y abuso de autoridad. La denuncia fue puesta por Acción Ciudadana y los sindicados fueron el Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart; la Ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel; y el Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado.

Erick Maldonado, de Acción Ciudadana, explicó que la denuncia detalla los delitos que cada funcionario cometió. Asegura que los dos ministros mencionados están desobedeciendo la orden expresa emitida por la Corte de Constitucionalidad que, en una resolución emitida en diciembre pasado, en la cual indica que se debe permitir el ingreso a los funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a quienes les habían negado la visa de cortesía.

La tarde de ayer, Migración negó la entrada al investigador colombiano de la CICIG, Yilen Osorio. Las autoridades migratorias adujeron que Osorio estaba en una lista de control, de personas que “atentan contra la seguridad nacional”. Además, intentaron expulsar a Osorio hacia El Salvador, lo cual fue impedido por fiscales del Ministerio Público y, posteriormente, por un juez que practicó una exhibición personal a favor del funcionario de CICIG.

Maldonado agregó que el hecho de obstaculizar el ingreso de un funcionario de la Comisión implica también que se está violando el mismo acuerdo que suscribió el gobierno de Guatemala y en el cual se comprometía a facilitar las condiciones para que su personal pudiera ejercer su trabajo.

En cuanto a Donado, se le señaló de usurpación de funciones pues, explica el denunciante, no está dentro de las funciones del Procurador General de la Nación pedir antejuicio contra los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). “El Procurador debe ser un consejero y no tiene esas potestades” concluyó Maldonado. Las penas por los delitos denunciados van desde seis meses hasta seis años.

Señalan retroceso

El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), en conjunto con distintas organizaciones civiles convocaron a una conferencia de prensa para señalar “lo retrocesos en los pocos avances democráticos que ha tenido Guatemala” y para exigir que le Ministerio Público actúe como le corresponde. El manifiesto fue apoyado por representantes de los estudiantes de la Universidad San Carlos, la premio nobel Rigoberta Menchú, y otros colectivos enfocados a defender los derechos humanos. “Solicitamos que la CC certifique lo conducente a los funcionarios que han incumplido con sus resoluciones” indicó el director de CALDH, Francisco Soto.

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