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Nacionales

Analistas prevén que grupos pro impunidad batallen por controlar las cortes de justicia


Antes de octubre, el Congreso debe elegir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y a unos 150 magistrados de Salas de Apelaciones.

 

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La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones supone un apetecible botín para los grupos que buscan procurar impunidad, de acuerdo con algunos expertos y actores sociales. El Congreso –integrado por varios diputados con señalamientos penales– debe elegir a los 13 titulares de la CSJ y unos 150 jueces de segunda instancia para que tomen posesión en octubre.

Mientras, no menos de una decena de los casos que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han llevado ante la justicia está por llegar a debate oral y público, por lo que la designación de los funcionarios judiciales, que ocupaba principalmente a abogados y al sector justicia, ahora es de interés para muchos otros sectores.

Hay aproximadamente diez casos pendientes, pero la mora judicial es de más de un millón de procesos, expone el diputado de la UNE, Mario Taracena. “Habrá interés de todos los grupos, no solo de los diputados con señalamientos”, agrega.

EN LAS MISMAS MANOS

Ante la infructuosa aprobación de reformas constitucionales en materia de justicia, el proceso de selección de los candidatos estará a cargo de una Comisión de Postulación, que debe instalarse a más tardar en junio.

Pese a diez años de cuestionamientos y evidencias de cooptación en las comisiones, el modelo sigue intacto y no ha habido capacidad ni voluntad del liderazgo político nacional para hacer los cambios estructurales en el sector que garanticen una auténtica carrera judicial, expone el analista independiente Marco Canteo.

La instalación de la postuladora coincidirá con la primera vuelta de las Elecciones Generales, en las que además del binomio presidencial se elegirá a los integrantes del Organismo Legislativo. Algunas voces sospechan que podría existir interés por demorar el proceso para que la designación de los magistrados quede a cargo de la siguiente legislatura.

Pero a criterio de Helen Mack, los diputados no querrán ceder. Además, sería inconstitucional, a menos que el proceso quede anulado, agrega.

El abogado Roberto López Villatoro, alias Rey del Tenis, está ligado a proceso
por un caso de corrupción en la elección de las cortes del país.

La propuesta de reformas constitucionales al sector justicia incluía modificaciones para el proceso de selección de los aspirantes, para minimizar la injerencia política en los nombramientos y privilegiar la carrera judicial.

“Ya hemos visto que la mayoría de diputados –electores de las cortes– solo buscan corrupción e impunidad”, expone Mack y recuerda cómo varios casos de la CICIG comprueban los acuerdos entre el PP y Lider, que eligieron a los actuales funcionarios judiciales. “Las acciones lideradas por diversos diputados, pero especialmente por Felipe Alejos, estarán encaminadas a pagar favores y asegurar nuevamente su impunidad”, agregó.

“Como la permanencia del modelo, también persiste el estímulo para cooptar e influir indebidamente en los procesos de elección. De ahí que nada garantiza que los perseguidos penalmente por estos motivos y otros nuevos operadores surjan en esta elección y repitan los patrones perversos ya conocidos”, explica Canteo.

LA TRAMA CONOCIDA

Uno de los casos revelados por el MP y la CICIG expone que el abogado Roberto López Villatoro habría liderado una estructura para apalancar candidaturas de magistrados. Notas y otros registros documentan los encuentros entre comisionados, postulados y actores influyentes.

En otro caso, la entonces magistrada Claudia Escobar denunció presiones del exdiputado Gudy Rivera a cambio de su reelección. Entonces, Rivera exigió a Escobar un fallo para que la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, pudiera ejercer como secretaria general del Partido Patriota.

Para algunos, López Villatoro estará fuera de la contienda. Otros consideran que algunos de los favorecidos con su mecenazgo podrían tener injerencia, aunque creen que es muy pronto para dar nada por hecho. De igual manera sucedería con la exmagistrada Blanca Stalling, con nexos en círculos militares y el sector justicia, de acuerdo con fuentes que piden el anonimato.

“Hoy en día, la CSJ es un órgano apetecible para poderes reales y fácticos que desesperadamente y con cuantiosos recursos buscan detener la histórica lucha contra la corrupción iniciada en 2015”, manifiesta Canteo. “Pero también sectores progresistas, la sociedad civil de derechos humanos y organizaciones pro justicia, ven en una CSJ honorable que resulte del proceso de elección de 2019, un contrapeso democrático contra tales poderes que permita consolidar algunos avances logrados desde 2015”, concluye el analista.

EL MOMENTO ELECTORAL

En 2019 se elegirá a los miembros de los tres poderes del Estado y por lo tanto, la coincidencia de intereses influirá en discursos y negociaciones, previo, durante y después de este proceso electoral, expone el analista independiente Marco Canteo.

Particularmente, el interés de muchos actores por acabar con la lucha contra la corrupción será un factor de gran peso que influirá en ambas elecciones, pero también un proceso coincidente con tales características, se puede prestar a cambio de favores para consolidar puestos y alianzas. Dos ejemplos ilustran esta tesis: los diputados elegirán a magistrados de la CSJ y estos conocen antejuicios contra los congresistas.

 

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