El Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos acusó al exalcalde del Puerto San José, Escuintla, Jorge Alberto Rizzo, de abusar de su autoridad para incurrir en peculado por sustracción y lavado de dinero.

Según el Ministerio Público (MP), Rizzo cambiaba él mismo los cheques de la comuna para cancelar en efectivo el salario a sus trabajadores; sin embargo, los pagos por la planilla no correspondían a los montos retirados de las cuentas bancarias de la Municipalidad.

Por medio de esa modalidad, Rizzo habría retirado Q1 millón 602 mil 732.83 del erario municipal, entre el 3 de noviembre de 2012 al 7 de mayo del siguiente año, por lo que fue acusado en el caso denominado Drogas, Dinero y Poder Local.

La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), quien alertó por las transacciones sospechosas realizadas por el exalcalde. Rizzo se encuentra en prisión desde el 9 de septiembre de 2016, cuando fue capturado.

A Rizzo le fue retirada la inmunidad en octubre de 2015, después que varios cheques con firma del tesorero municipal y el exalcalde fueran depositados a la cuenta personal del exjefe edil.

Ante el Tribunal B de Mayor Riesgo, el secretario municipal de Puerto San José, Jesús Alvarenga, declaró como testigo de la fiscalía, que cuando ingresó a trabajar a esa institución, la comuna tenía una deuda de Q96 millones y a todos se les pagaba en efectivo.

Alvarenga, además, señaló que por esa deuda que tenía la comuna, los bancos no aceptaban la creación de cuentas para los trabajadores.

El tribunal también ordenó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que realizara una evaluación médica a Rizzo porque llegó canalizado y en silla de ruedas por una supuesta descompensación en los niveles de azúcar. La defensa alegó que por sus padecimientos de diabetes corría peligro si seguía guardando prisión, por la falta de controles de salud en los centros de detención.

En ese mismo caso la esposa del exjefe edil, Odilia González García, ya fue condenada a seis años de prisión por el delito de lavado de dinero, y otras tres personas recibieron penas de hasta 18 años de cárcel.

BIENES EXTINGUIDOS

Una camioneta Tucson, Hyundai, modelo 2012 pasó a poder del Estado en diciembre de 2017 por medio de un proceso de extinción de dominio, después de que el Ministerio Público (MP) demostrara que el vehículo fue adquirido con fondos ilícitos. Durante el allanamiento también fueron decomisados otros cuatro vehículos, joyas valoradas en Q139 mil, Q100 mil 200, US$9 mil 160 y seis armas de fuego, lo cual se encuentra bajo medidas cautelares.