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Nacionales

Antejuicio contra magistrados de CC adversa fallos a favor de Velásquez


La procedencia de la petición para retirarle la inmunidad a los magistrados debe ser analizada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

 

 

Los cuestionamientos hacia las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad a favor del comisionado Iván Velásquez, son el centro de la denuncia que la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó contra tres de los cinco magistrados titulares de la alta corte.

En diciembre pasado, Velásquez dijo al diario El País que en enero de este año habría mejores condiciones para su retorno a Guatemala.

En veintidós páginas, el jefe de la PGN Luis Donado reclama que los magistrados Bonerge Mejía, Gloria Porras y Francisco de Mata habrían incurrido en los delitos de prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.

Las resoluciones de 2017 y 2018 que dejan en suspenso la declaratoria del jefe de la CICIG, Iván Velásquez, como persona no grata; los amparos a favor del ingreso de Velásquez al país y la protección provisional en contra de la expulsión de los embajadores de Suecia y de Venezuela son, en resumen, el centro de la denuncia contra los tres magistrados que, por mayoría, avalaron los fallos.

La exclusión de los otros dos togados que integraron el pleno y que firmaron las resoluciones es la primera falencia de la denuncia, en opinión del constitucionalista Gabriel Orellana. “Una resolución no existe si no lleva las cinco firmas –aunque haya votos en contra–, por lo que, si los otros dos magistrados también son responsables de la resolución; si advirtieron algún vicio en el procedimiento, no debieron firmar”, agrega el jurista.

Además, Orellana considera que fue un error de la PGN denunciar únicamente a los tres magistrados, pues únicamente un juez puede eximir de responsabilidad a la presidenta Dina Ochoa y al magistrado Neftaly Aldana.

En concreto, la PGN señala que, como presidente de la CC, de Mata Vela agilizó el trámite de los amparos en prevención de la declaratoria de Velásquez como persona no grata.

La PGN también señala como “intromisión” de la CC las resoluciones que frenan las acciones contra Velásquez, ya que el manejo de la política exterior es una facultad exclusiva del Presidente, que delega en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

LOS EXPERTOS OPINAN

Orellana como el constitucionalista Carlos Molina Mencos coinciden en que a Velásquez no le aplica ese principio, pues el jefe de la CICIG no tiene rango de embajador.

También se cuestiona que, pese a que la Ley de Amparo establece que se debe fijar un plazo de 48 horas a la autoridad señalada para que informe sobre las disposiciones cuestionados –en el caso de no grato, la Presidencia– la CC fijó plazos de ocho, 12 y 24 horas, para favorecer a “determinadas personas” que pertenecen a sus propias ideologías, en perjuicio del Presidente.

Ese planteamiento es infundado, señala Orellana, pues ante la ley todos somos iguales y nadie puede ser perseguido por su ideología. A criterio de Molina Mencos, fue un error denunciar. ¿Con qué pruebas se sostienen algunos de los argumentos? cuestiona.

No obstante, Molina Mencos considera que la alteración de los plazos en el trámite de los amparos podría suponer un abuso de funciones pero no un delito. “Ha habido abusos de todos, que están socavando el Estado de Derecho”, apunta.

En cuanto a los plazos, un experto independiente opina que la justicia constitucional tiene naturaleza ágil, por los derechos que están en riesgo. La Ley de Amparo establece que la autoridad debe informar en un plazo perentorio (improrrogable) de 48 horas.

A la espera en la CSJ

> El Juzgado de Turno de Paz Penal confirmó que ayer remitió a la Cámara de Amparos y Antejuicios la solicitud para retirar la inmunidad a los magistrados de la CC. La Cámara deberá incluir en la agenda de la Corte Suprema de Justicia la discusión para decidir si se admite o no para trámite.

*Con información de Rony Ríos.

 

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