Guatemala cerró 2018 bajo el signo de la involución en la lucha contra la impunidad y la corrupción, con un presidente, Jimmy Morales, desbocado en su intento por expulsar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y afanado en eliminar los contrapesos previstos a su poder, como la Corte de Constitucionalidad (CC), la Corte Suprema de Justicia, la oficina del Procurador de los Derechos Humanos y, en general, contra quienes levantan la voz criticando sus políticas. Las elecciones presidenciales de junio de 2019 determinarán el respaldo que su política tiene entre la ciudadanía. Envalentonado por sus éxitos iniciales —ya expulsó del país al comisionado Iván Velásquez y a 11 de sus investigadores, desoyendo en ambos casos las órdenes de la CC—, con una Fiscalía cooptada, un Congreso complaciente que se mueve a base de chequera, y un tibio Tribunal Supremo Electoral, Morales apunta ahora sus baterías sobre