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Nacionales

Organizaciones señalan que la PGN abusó de sus funciones


Abogado de la PGN explica que la denuncia contra tres magistrados de la CC abarca todas las resoluciones dadas sobre el mandato de la CICIG.

 

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La Convergencia de Derechos Humanos manifestó ayer que la Procuraduría General de la Nación (PGN) se extralimitó en sus funciones, al presentar una denuncia en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Según los representantes de nueve organizaciones, el Artículo 252 de la Constitución de la República establece que, la PGN tiene como función brindar asesoría y consultoría a los órganos y entidades estatales, por lo que no procede la denuncia de prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias y abuso de autoridad.

Jorge Santos, Ada Valenzuela e Iduvina Hernández, miembros de la Convergencia, indicaron que analizarán denunciar esta acción de la PGN ante el Ministerio Público (MP). Según Santos, esto se haría por medio de la ampliación a la denuncia que hicieron en septiembre, en donde acusaron a los miembros del Consejo Nacional de Seguridad de desobedecer órdenes de la CC.

Alejandro Maldonado Aguirre, expresidente de la República y exmagistrado de la CC, indicó que por su experiencia, magistrados de la Corte han sido objeto de denuncias penales por sus resoluciones, sin embargo, estas acciones nunca han prosperado. Según Maldonado Aguirre, “no hay que alarmarse”, porque lo resuelto por los magistrados no es impugnable por procedimiento penal, ya que estos tienen la perspectiva de orden constitucional.

El miércoles por la noche, Evaristo Martínez Farfán, abogado de la PGN, presentó una solicitud de retiro de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la magistrada Gloria Porras y los magistrados Bonerge Mejía Orellana y José Francisco de Mata Vela.

PGN REPROCHA “AGRAVIOS” Y VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO

El titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Jorge Luis Donado, y los abogados del Área Penal de la entidad se negaron ayer a dar detalles sobre la denuncia presentada contra los tres magistrados, a quienes señalan de emitir resoluciones “arbitrarias e ilegales”. Donado únicamente indicó que la acción busca deducir responsabilidad penal contra los togados.

German Alvarado, jefe del Área Penal de la PGN, aseguró que la denuncia, que incluye una solicitud de antejuicio contra Porras, De Mata y Mejía, abarca todas las resoluciones de los tres magistrados sobre el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), las cuales “han perjudicado los intereses del Estado”, porque a consideración de la Procuraduría, en sus fallos no se respetó el debido proceso y que con algunos de estos provocaron “agravios” hacia funcionarios.

“En este tipo de resoluciones existe un agravio, tanto para el Ministro de Gobernación como para quien dirige el Instituto Guatemalteco de Migración, porque ellos son los que deben evaluar si cumple con los preceptos establecidos en la Ley para otorgar, o no, permisos”, respondió Alvarado al preguntarle si el antejuicio incluye la decisión de la CC que permite el retorno a Guatemala del comisionado Contra la Impunidad, Iván Velásquez.

Alvarado añadió que la denuncia fue elaborada por el Procurador General, la cual consta de varias resoluciones de los tres magistrados denunciados consideradas como violatorias a la Constitución Política de la República. La acción legal se empezó a diseñar hace dos meses, explicó el abogado.

Hasta ayer la denuncia contra los magistrados se encontraba en el Juzgado de Turno donde fue presentada el miércoles, a la espera de ser trasladada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su análisis.

Si, eventualmente, los antejuicios son admitidos para su trámite por la CSJ y llegan al Congreso antes del 14 de enero, la Comisión Permanente que preside el diputado Felipe Alejos será la encargada de conformar la Comisión Pesquisidora para analizarlos. Según la Ley Orgánica del Legislativo, la Pesquisidora será conformada por tres de los siete diputados que integran la Comisión Permanente, y no por cinco como se realiza en el periodo ordinario.

MUESTRAN APOYO

La primera en manifestar su apoyo a los tres magistrados de la CC fue Norma Torres, congresista de Estados Unidos (EE. UU.). “Cualquier persona que esté preocupada por lo que está pasando en nuestras fronteras (de EE. UU.), debería preocuparle lo que sucede en Guatemala. El gobierno corrupto está tratando de remover a los jueces independientes de la Corte más alta. Si no defendemos el Estado de Derecho en Guatemala, veremos las consecuencias en nuestra frontera”, escribió la congresista estadounidense en su cuenta oficial de Twitter.

Las Autoridades Ancestrales de los Pueblos Maya, Garífuna y Xinka de Guatemala externaron su apoyo y solidaridad a los tres magistrados de la CC, por medio de un escrito le pidieron al titular de la PGN dedicarse a defender los intereses del Estado y no el de los corruptos. Al concluir, las Autoridades Ancestrales denunciaron públicamente que la intención de la PGN es ejecutar un “Golpe de Estado” el cual es liderado por el presidente Jimmy Morales.

RECHAZAN RECURSOS DE CANCILLERÍA

La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró ayer sin lugar las solicitudes de aclaración y ampliación presentadas por el Subdirector General de Protocolo y Ceremonial Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), en relación a la resolución de la máxima corte que dejó en suspenso la disposición de la cartera de expulsar a 11 funcionarios de la CICIG y ordenó extender las visas de cortesía revocadas.

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