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Nacionales

“Un gobierno corrupto está tratando de remover a los jueces independientes de la Corte más alta…”: congresista Norma Torres


Sigue provocando rechazo y condena la denuncia penal del Procurador General de la Nación –exabogado de narcotraficantes y exasesor de Otto Pérez Molina– contra los magistrados constitucionales Francisco de Mata, Bonerge Mejía y Gloria Porras.

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“Cualquier persona preocupada por lo que está pasando en Guatemala. Un gobierno corrupto está tratando de remover a los jueces independientes de la Corte más alta. Si no defendemos el Estado de derecho en Guatemala, veremos las consecuencias en nuestra frontera”, advierte hoy la congresista estadounidense–guatemalteca Norma Judith Torres al enterarse que la Procuraduría General de la Nación (PGN) denunció penalmente a tres magistrados de la CC por sus resoluciones –por ejemplo, a favor de la CICIG, su personal investigativo y el comisionado Iván Velásquez Gómez–.

La integrante por California en la Cámara de Representantes ha cuestionado así el hecho de que el procurador José Luis Donado –exasesor del entonces presidente Otto Pérez Molina y exabogado defensor de narcotraficantes– solicitó este miércoles antejuicios contra José Francisco de Mata Vela, Bonerge Amílcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar, en busca que de conformidad con el procedimiento legal respectivo sean investigados y enjuiciados por presuntamente haber incurrido con sus fallos en los delitos de Prevaricato, Violación a la Constitución, Resoluciones violatorias a la Constitución y Abuso de autoridad.

Al igual que la enérgica reacción de la parlamentaria demócrata Norma Torres –nacida en Escuintla hace 53 años–, esta situación provoca otras declaraciones como la del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, quien aseguró que la penalización que pretende realizar la PGN “no contribuye en nada a nuestra frágil democracia”, y que Donado es funcionario con atribuciones asignadas en el Artículo 252 de la Constitución Política, en donde detalla que dicha institución “es el órgano asesor y consultor del Estado, no del Gobierno, el Gobierno es un elemento del Estado”.

Por lo tanto, el Magistrado de Conciencia calificó de lamentable la reacción del Ejecutivo para utilizar al órgano asesor del Estado contra la decisión mayoritaria de la Corte de Constitucionalidad (CC) de conceder amparos favorables a once miembros del personal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a quienes se pretendió a través de la cancillería cancelarles la visa de cortesía para su permanencia en el país, pero la máxima instancia judicial ordenó por tres votos a dos extendérsela a cada uno y prohibió que se les obstaculice.

Además, el observatorio contra la impunidad ‘Impunity Watch’ exigió a las autoridades gubernamentales respetar el orden constitucional, ya que considera que es un valor fundamental de la democracia. “Reconocemos la importante labor de los magistrados de la CC”, publicó hoy la organización civil en su cuenta oficial de Twitter.

A media mañana de este jueves, el Juzgado de Paz todavía no cursaba a la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el requerimiento de retiro de inmunidad presentada por la PGN contra los magistrados constitucionalesJosé Francisco de Mata Vela, Bonerge Amílcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar, pero en las redes digitales continúa la ola de críticas al gobierno y su procurador José Luis Donado.

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