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Nacionales

PGN: “Resoluciones sobre CICIG han perjudicado los intereses del Estado”


Denuncia se encuentra en Juzgado de Turno a la espera de ser trasladada a Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su análisis.

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Tras solicitar un antejuicio contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por supuestas resoluciones arbitrarias, abogados del Área Penal de la Procuraduría General de la Nación (PGN) aseguraron hoy que la denuncia contra Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía Orellana se planteó porque sus decisiones en torno al mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han perjudicado los intereses del Estado.

“Los temas que se abarcan es todo lo contenido en relación al mandato de la CICIG, esas son las resoluciones que han perjudicado los intereses del Estado. Recordemos que todo trámite de un amparo tiene un procedimiento establecido en la propia ley, y a veces vemos que hay resoluciones que no se tomaron el tiempo debido a que no se dio el debido proceso; y fueron resoluciones —podríamos decir— sin correr audiencia, que es lo que se presume y es lo que está poniendo en conocimiento de un órgano jurisdiccional para que ellos evalúen si esas resoluciones son o no, constitutivas de delito”, dijo este jueves German Alvarado, jefe del Área Penal de la PGN.

Según él, la denuncia fue elaborada por el titular de la PGN, Jorge Luis Donado, y que corresponde a “un conjunto de hechos que tienen característica de delitos”. Dijo también que las resoluciones de Porras, De Mata y Mejía catalogadas como ilegales también corresponden a otros casos distintos de la CICIG, pero no detalló la cantidad de estos ni especificó qué tipo de fallos analizó la Procuraduría.

Agregó que la denuncia incluye casos en los que, según la PGN, se violentó el debido proceso al no tomar el tiempo debido ni correr audiencia a las partes involucradas. Además, en el fallo de la CC que ordenó el ingreso del comisionado Iván Velásquez a Guatemala existió “agravio” contra el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y el director del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), Carlos Emilio Morales, “porque ellos son los que deben evaluar si cumplen con los preceptos establecidos en la Ley para otorgar, o no, permisos”.

Las resoluciones

La última resolución relacionada a la Comisión Internacional fue emitida por la CC el 21 de diciembre en curso cuando ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), extender visas de cortesía a 11 investigadores de la CICIG a quienes el gobierno les había revocado el documento.

En septiembre pasado, además, el tribunal constitucional instruyó el ingreso d Iván Velásquez a Guatemala, luego que el 31 de agosto Morales se lo prohibió por considerarlo “una amenaza a la seguridad nacional”. Ese mismo día el mandatario anunció la expulsión de la CICIG a partir del 19 de septiembre de 2019. Velásquez anunció para enero de 2019 su posible retorno al país.

Asimismo, en agosto de 2017 la CC declaró nulo el acuerdo del 26 de agosto de ese año mediante el cual el presidente Morales declaró persona “no grata” al comisionado internacional y ordenó que abandonara el país.

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