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Nacionales

Impugnan revocatoria de visas a personal de la CICIG


La CC no ha incluido en su agenda las peticiones de AC y el abogado Alfonso Carrillo.

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Con el plazo de 72 horas en marcha, las altas cortes del país deben resolver si se mantiene o no la revocatoria de las visas y credenciales para los 11 funcionarios extranjeros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a cargo de casos de alto impacto.

Además, por la tarde, tres ciudadanos presentaron al Ministerio Público una denuncia contra la canciller Sandra Jovel y la Coordinadora de Control Migratorio por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y desobediencia.

La Corte de Constitucionalidad (CC) conoce dos solicitudes. En la primera, la organización Acción Ciudadana (AC) pide al máximo tribunal que haga cumplir el amparo mediante el que se exhorta al gobierno de Guatemala para que, cualquier controversia con la CICIG se resuelva según el convenio con la ONU para el establecimiento de la Comisión. AC también demanda la remoción de la canciller por no cumplir con el fallo.

El abogado Alfonso Carrillo requiere a la CC que otorgue el amparo provisional que promovió el 17 de octubre pasado en contra del Presidente, la Ministra de Relaciones Exteriores y el director de Protocolo y Ceremonial Diplomático del Minex, el cual se envió a una sala de apelaciones, misma que suspendió el trámite y, en apelación, volvió a la CC. Al final de la tarde, Carrillo presentó dos peticiones más.

Ninguna de las acciones se discutió ayer en el pleno de la CC, cuya agenda se formula desde el despacho de la presidenta Dina Ochoa. Para hoy jueves, se tiene programada la última sesión plenaria del año, pero tampoco se incluyeron esas acciones.
Competencia de la CSJ Mientras, la Corte Suprema de Justicia debe conocer dos amparos en contra de las decisiones de la canciller y de Migración. Las acciones fueron presentadas por la Fundación Myrna Mack (FMM) y el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.

En el amparo interpuesto por el PDH, se reclama la revocatoria de visas decretada por Relaciones Exteriores contra funcionarios de la CICIG y la notificación en la que se pide a los profesionales que devuelvan los carnés y les informan de la pérdida de sus privilegios e inmunidades.

Además, se busca dejar sin efecto las resoluciones que emitió Migración, mediante la que se ordena el abandono del país, en un plazo de 72 horas, de los funcionarios de la CICIG. Autoridades ancestrales se adhirieron como terceros interesados en la acción de la PDH.

Un tercer amparo fue presentado por Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, el cual fue admitido en un juzgado civil.

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