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Nacionales

Congreso aplaza para el próximo año la discusión de dos préstamos


Los créditos solicitados por el Ejecutivo no han sido aprobados por utilizarse de forma clientelar y porque las unidades ejecutoras son cuestionadas.

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La discusión en el Congreso de dos créditos –uno destinado para el programa “Crecer Sano” y otro para el fortalecimiento del Ministerio Público (MP)– quedará para el próximo año. Ambos financiamientos son parte de un paquete de nueve préstamos que ha solicitado este gobierno en los últimos tres años y los cuales suman en conjunto US$1.2 millardos.

De acuerdo al registro de iniciativas de ley del Organismo Legislativo, los diputados han aprobado tres préstamos por un monto de US$450 millones destinado para diferentes programas: cobertura educativa, agua potable y un último para la mejora de la gobernanza de los recursos públicos.

Sin embargo, para los diputados de la comisión de Finanzas el tema se convierte en político, esto ante las opiniones de endeudar más o no al país.

Rudy Castañeda, miembro de la comisión, explicó que normalmente cuando se elabora un presupuesto se considera dentro del mismo los préstamos a aprobar, aunque esté pendiente el dictamen de la Comisión de Finanzas, estos rubros “quedan con techo presupuestario”, dijo. Agregó que la decisión es del pleno, aunque hay ciertos créditos que deberían de aprobarse, dentro de ellos mencionó el de US$100 millones para el programa Crecer Sano y el de US$60 millones para el sistema de justicia.

“Se ha discutido sobre la necesidad de reducir los costos que los proyectos de préstamos contemplan sobre consultorías o contratación de personal”, indicó Alejandra Carrillo, integrante de la sala de trabajo. Por ejemplo, en el crédito que iría dirigido para el tema de desnutrición crónica infantil otorgado por el Banco Mundial (BM), los diputados solicitan que se cambie la unidad ejecutora y que, en lugar del Fondo de Desarrollo Social (Fodes) sea la cartera de Salud.

El proceso de aprobación de un préstamo antes que llegue al Congreso, conlleva que se obtengan primero los dictámenes correspondientes, así como de la institución que lo utilizará.

Es en el Legislativo en donde deben de enfrentar posiciones contrarias acerca de “la viabilidad o no del proyecto”, resumió Castañeda; a ello suma Carrillo, la verificación de que, quien lo va a ejecutar no sea una entidad cuestionada.

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