Guatemala – La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) urgió hoy a este país cambios radicales en la protección de menores, para evitar tragedias como la ocurrida el año pasado al incendiarse un refugio que dejó 41 niñas muertas.

“La realidad es que seguimos todavía en la necesidad de cambios más radicales. Cambios estructurales que permitan asegurar que no van a repetirse hechos como estos”, dijo la argentina Liliana Valiña, representante de la OACNUDH en la presentación de un informe sobre las secuelas del siniestro.

Explicó que después del incendio, las autoridades adoptaron algunas estrategias de protección, pero “no han sido suficientes” y deja latente la posibilidad de que una tragedia similar vuelva a ocurrir en la red de refugios para menores con orden judicial de protección.

El 8 de marzo de 2017, 41 niñas murieron y 15 resultaron heridas al desatarse las llamas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en la periferia este de Ciudad de Guatemala.

Según las investigaciones, las adolescentes –que denunciaron abusos sexuales y que habían intentado escapar la noche
anterior–, incendiaron colchonetas apiladas en un salón donde fueron encerradas para protestar por los malos tratos en el albergue.

Al descontrolarse el fuego suplicaron salir, pero la puerta estaba bajo llave. El Estado guatemalteco ha “hecho esfuerzos, pero se necesita mucho más”, agregó Valiña, quien destacó la decisión de activar una mesa de alto nivel de diferentes instituciones para atender a los menores institucionalizados.

Acciones han decaído

Sin embargo, lamentó que con el paso del tiempo, la intensidad de las acciones ha decaído. Sobre lo ocurrido, la funcionaria de la ONU señaló que las autoridades habían recibido múltiples alertas que no fueron escuchadas, como denuncias de trata de personas, abusos sexuales y violencia en el centro.

“Se parecía más a una cárcel que a un hogar” para menores, comentó sobre el refugio que fue clausurado poco después. Por la tragedia en el Hogar Seguro, tres funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia fueron destituidos y enfrentan proceso judicial.

Al final de la presentación del informe, las familias de las víctimas dieron lectura a una carta para exigir justicia y pedir que se sepa “la verdad antes y después” del siniestro.