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Nacionales

Jueces denuncian presiones en la lucha contra la corrupción


Atender quejas disciplinarias o acciones legales, supone un desgate en el ejercicio de su función judicial, expuso la jueza Erika Aifán.

 

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Las quejas ante el órgano disciplinario o los intentos para despojarlos de su inmunidad, son mecanismos de desgaste a los que se ven sometidos jueces a cargo de procesos por corrupción, coincidieron en sus planteamientos la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Delia Dávila y la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán durante el panel “El rol del Poder Judicial en el combate a la corrupción”, convocado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la cooperación alemana GIZ.

Dávila recordó que fue hasta 2015, cuando fiscales valientes, comprometidos con la justicia se atrevieron a investigar casos de corrupción, con el acompañamiento de la CICIG.

Para la continuidad de los procesos, se necesitan jueces independientes, libres de presiones, de amenazas, de intimidaciones, de injerencias internas y externas –que las tienen, y muchas– expresó Dávila.

Los datos apuntan a que los jueces son sujetos de ataques a su independencia, según Dávila, pues en 2017 el sistema disciplinario recibió 744 denuncias de las que únicamente 32 fueron declaradas con lugar. Para este año, se recibieron 832 denuncias y 21 obtuvieron respuesta positiva.

Esas acciones legales suponen un hostigamiento, manifestó Aifán, “de las que debemos defendernos ante la Junta de Disciplina del Organismo Judicial o el Colegio de Abogados”, lo que supone una carga adicional a la resolución de los expedientes.

LA EXPERIENCIA PERUANA

El panel fue parte del ciclo Experiencias Comparadas en el combate a la corrupción, que contó con invitados internacionales, como Susana Castañeda, coordinadora nacional del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Perú.

Castañeda explicó, que luego de la operación Lava Jato en 2016, necesitaron potenciar el sistema judicial. “Somos jueces, fiscales y defensores públicos dedicados exclusivamente y especializados para conocer casos de corrupción de funcionarios”.

Además, se crearon metodologías de trabajo especializadas. Por ejemplo, la fiscalía tiene hasta tres años, con posibilidad de prórroga, para investigar, explicó. “No se puede investigar a 60 personas en tres meses, cuando se deben analizar gran cantidad de documentos” y otros indicios, añadió.

La magistrada Dávila promueve un proyecto para la tramitación de procesos complejos, la cual aún se discute a nivel de mesas técnicas.

Fiscales a examen

> El secretario general del MP, Rony López, expuso que la fiscal general, Consuelo Porras busca implementar un nuevo modelo de ingreso a la carrera fiscal, que contempla pruebas académicas para personal de nuevo ingreso y ascensos.

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