Unas 4 mil 576 personas permanecen en prisión preventiva desde hace más de dos años –algunas por hasta ocho años– de acuerdo con un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). Según el informe, el Sistema Penitenciario (SP) alberga a 11 mil 594 sindicados que esperan por ir a debate, el 41 por ciento desde hace más de dos años.

En esos casos se avista el incumplimiento de plazos legales y es motivo de preocupación con la investigadora del CIEN, Corinne Dedick. Sin embargo, matiza que, aunque el encarcelamiento debiera cesar tras un año de prisión preventiva, según el Código Procesal Penal, esta normativa también permite la prórroga de la medida “cuantas veces sea necesario”.

La extensión de los plazos de prisión preventiva se explica, en parte, por la cancelación de audiencias. La semana pasada, el Observatorio del Sistema de Justicia Penal, señaló que la incomparecencia de los abogados es una de las principales causas de la suspensión de audiencias.

Esta semana, la Mesa Técnica que aborda el problema de la prisión preventiva presentó la propuesta para suprimir el catálogo de delitos en cuyo caso los jueces no pueden otorgar medidas sustitutivas a la privación de libertad.

El CIEN considera recomendable la supresión del catálogo, siempre que se acompañe de acciones como la creación de juzgados especiales para atender la inminente oleada de solicitudes de los sindicados para que se les otorgue una medida sustitutiva. También expone la necesidad de que se implemente el sistema de control telemático para verificar el cumplimiento de las medidas.

Durante la presentación del informe del CIEN, se planteó la inquietud del riesgo que supone dejar en libertad a sindicados por delitos graves como asesinato o violación. Dedick precisó que, según estándares internacionales, la prisión preventiva tiene como único propósito que la persona no abandone el proceso penal. Su colega Walter Menchú, reflexionó sobre el prejuicio de catalogar como peligro social a una persona que no ha sido condenada por tales ilícitos.

La decisión de si se le restituye la libertad a un sindicado por un delito grave, estaría vinculada al análisis que el juez haga de los indicios que le aporte al Ministerio Público (MP), según la propuesta de reforma.

VISIÓN REGIONAL

Según datos del informe: Guatemala tiene la tasa de personas en prisión más baja en Latinoamérica, con 141 personas por cada cien mil habitantes. El promedio mundial es de 171 por cada cien mil.

Sin embargo, el país tiene el mayor porcentaje de ocupación carcelario, excedido en un 359 por ciento, frente a la media mundial de 127 por ciento.