Eliminar la prohibición que tienen los jueces para otorgar medidas sustitutivas a los sindicados por determinados delitos –como el asesinato o la violación sexual, entre otros– es la principal propuesta de la Mesa Técnica sobre prisión preventiva.

La idea se basa en el principio de que la cárcel debe ser el último mecanismo para que los sindicados permanezcan sujetos a un proceso penal, explicó el secretario de Política Criminal del Ministerio Público (MP), Julio Cordón.

Una medida sustitutiva, como el arresto domiciliario, es una alternativa a la privación de libertad. Decidir en qué casos se debe aplicar estaría sujeto al análisis del juez y no porque el Congreso lo haya normado en determinada ley, expuso.

Para verificar el cumplimiento se contempla la creación de la Unidad de Control de medidas de coerción, a cargo de la CSJ.

LA MESA

La mesa, creada en marzo pasado para buscar posibles salidas al exceso de la prisión preventiva, se integra por el MP, el Organismo Judicial, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Procurador de los Derechos Humanos y la CICIG.

Ayer presentaron sus planteamientos técnicos ante integrantes de las comisiones legislativas de Derechos Humanos y Reforma del Sector Justicia.

La fiscal general, Consuelo Porras, manifestó que entregaban las propuestas para que los congresistas la hicieran suya y la lleven al pleno como iniciativa de ley.

Pero, los diputados Fernando Linares y Oliverio García, entre otros, señalaron que la mesa debe asumir el compromiso, vía la Corte Suprema de Justicia que tiene facultad para presentar una iniciativa de ley.

Así, se acordó iniciar un proceso de acompañamiento técnico para formular una propuesta de reformas al Código Procesal Penal.

Durante la exposición también se ve viable el cumplimento de la prisión preventiva en el domicilio de la persona, en casos de enfermedad grave, embarazos de riesgo o discapacidad, entre otros.